El grupo parlamentario del PRD en el Senado presentó ayer ante la Comisión Permanente un paquete de reformas a la Constitución, dos códigos y tres leyes para hacer más eficiente el combate al secuestro.
El proyecto fue presentado por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Tomás Torres, quien propone cambiar las reglas de aplicación de penas a los secuestradores que asesinen a sus víctimas, para que sean sancionados en la cárcel por cada uno de los delitos cometidos.
Con la reforma, se pretende facilitar la denuncia para activar los mecanismos de investigación contra el secuestro e impedir la reserva del expediente por falta de elementos, así como garantizar la coordinación entre el Ministerio Público Federal y el de los estados para la investigación de esos casos.
Según el legislador del PRD, los cambios dotarán a las autoridades de recursos financieros y tecnológicos para la operación del rescate y liberación de las víctimas del plagio.
Además, Torres plantea facilitar la intervención de comunicaciones privadas en casos de secuestro así como la realización de cateos, para fortalecer los mecanismos de investigación de las autoridades.De aprobarse, explica, se podrá garantizar la continuidad del procedimiento judicial en los casos de secuestro y modificar las reglas de prescripción para garantizar el castigo a los delincuentes.
La reforma busca transparentar y evaluar los avances en el cumplimiento de mandamientos judiciales de aprehensión y reaprehensión, además de establecer que en el caso de secuestro bastará que participen tres o más personas para que se sancione como delincuencia organizada.
Según el legislador federal, las modificaciones legales incluyen establecer la obligatoriedad del trabajo en prisión para garantizar la reparación del daño y la reinserción social del sentenciado.
Sólo se otorgarán beneficios de libertad preparatoria y condena condicional a los secuestradores que, de manera espontánea o inducida, coadyuven al rescate con vida del secuestrado y a la detención de sus cómplices.
La reforma pretende garantizar mecanismos de transparencia en materia de ejecución de sentencias, establecer la obligación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enviar un informe al Congreso sobre los resultados en la materia, e incrementar las percepciones de los Ministerios Públicos de la Federación.
