El Pentágono levantó los cargos de crímenes de guerra que pesaban contra cinco detenidos en Guantánamo después que el ex fiscal de sus casos se quejó de que los militares estaban reteniendo evidencias favorables a la defensa. Sin embargo, ninguno de los cinco será puesto en libertad. (Archivo)
Los procesos legales en Guantánamo pasan por una nueva crisis, como evidencia la retirada de cargos a cinco detenidos en esa base después de que el fiscal alegara que el Gobierno de EU había ocultado pruebas favorables a la defensa.
La supresión de los cargos deja en 16 el número de presos contra los cuales el Pentágono ha presentado una acusación formal, de los 255 que permanecen detenidos de forma indefinida en la cárcel a orillas del Caribe de la base estadounidense en Cuba.
Los cinco presos a los que ayer se suprimieron los cargos por razones que no se han revelado estaban acusados de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda, aunque ninguno de ser un alto dirigente.
La retirada de los cargos supone otro capítulo en el embrollo legal en el que han estado inmersas desde su creación las cortes anti-terroristas establecidas por la Administración de George W. Bush para juzgar, según reglas especiales, a los encarcelados en Guantánamo.
Llega después de que el fiscal en esos casos, el teniente coronel Darrel Vandeveld, afirmara en una audiencia este mes que el Gobierno había ocultado a la defensa pruebas que ayudaban a sus clientes, las cuales tendría la obligación de revelar en un proceso legal normal.
Vandeveld denunció entonces que el sistema judicial alternativo de Guantánamo negaba al acusado “los derechos procesales básicos y sometía a cualquier fiscal bien intencionado a alegaciones de violar la ética”.
Vandeveld, un miembro de la Reserva del Ejército que luchó en Irak, dimitió de su cargo, con lo que se convirtió en el cuarto fiscal en abandonar ese puesto desde la creación de las cortes.
El Pentágono no ha explicado por qué ha retirado los cargos contra los cinco detenidos.