Para hacer frente a los aumentos en los precios de los alimentos que se registran a nivel internacional y golpean de manera especial a los pobres de nuestro país, el presidente Felipe Calderón ha emprendido un programa para enfrentar esta cuestión a la que considera problema de Estado.
La estrategia del Gobierno de la República se orienta en tres vertientes, la primera de ellas tiende a la eliminación de los aranceles a los granos básicos importados, la segunda, mediante un aumento a los subsidios a la producción de alimentos en el campo mexicano que se concreta en inyección directa de recursos en efectivo y en maquinaria, y la tercera que implica la desgravación de impuestos a fertilizantes y otros insumos.
La eliminación de los aranceles tiende a estimular el abasto a precisos competitivos, lo que repercute en forma negativa a los productores nacionales de alimentos, debido a los altos costos de la producción nacional que es consecuencia de la ineficiencia y falta de capacidad de organización de los productores, así como del alto costo de los insumos que requiere el proceso productivo.
La estrategia gubernamental busca ser equilibrada porque previendo la repercusión negativa a que se hace mención, pretende fortalecer a los productores por virtud de los medios indicados. Lo anterior es congruente con las políticas de la mayor parte de los países del globo, que tienden a compensar las desventajas que para los productores del campo representa el intercambio comercial internacional entre economías asimétricas.
Las críticas de la oposición en el presente caso apuntan a expresar que el plan emergente de que se trata es un simple paliativo y no una solución estructural a fondo y de largo plazo, lo que constituye una perogrullada, porque son precisamente los detractores del presidente quienes se oponen a toda reforma estructural y mantienen desde hace años una parálisis legislativa e institucional que pone en riesgo nuestro futuro como país.
En todo caso el reto alimentario plantea un riesgo especial, en un momento en que el país se encuentra profundamente dividido en virtud de los intereses partidistas de las diversas fuerzas políticas en función de los cuales, la oposición se ubica por sistema en posturas radicales, en contra de toda propuesta que venga del Gobierno, fuera cual fuere. La intención es que las políticas públicas vigentes fracasen a cualquier costo sin importar el daño causado a los ciudadanos, con miras a un relevo en el ejercicio del poder que se reduce a un grosero “quítate tú para ponerme yo…”.
A esa luz se explica que los habituales sembradores de cizaña pretendan enfrentar a los productores agropecuarios en contra del Gobierno, como si no existiera una política de subsidios a la producción que en el caso del programa alimentario que plantea el Gobierno Federal, ofrece una plataforma de apoyo a dicho sector.
También es factible que los discursos populistas que tienen la perversa habilidad de dividir y generar bandos, enfrenten a clases medias contra productores subsidiados, dado que tales subsidios han sido de antaño verdaderos barriles sin fondo que se agotan en estructuras perniciosas sostenidas por líderes y organizaciones que al amparo de diversos colores y signos ideológicos medran con los programas de ayuda o desvían sus recursos hacia objetivos electorales.
La experiencia histórica relativa a la manipulación del ejido durante el régimen priista para propósitos meramente políticos, constituye un precedente nefasto que arraigado en las estructuras gubernamentales y sociales, es causa de una subcultura parasitaria que se resiste a aceptar, que una lucha contra la pobreza que sólo dependa de los subsidios y no se sustente en los rieles paralelos de la educación y el trabajo, está condenada a descarrilar.
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