En Chihuahua, donde se registra uno de cada tres asesinatos del país, el Gobierno local no inició actividades para cumplir el Acuerdo Nacional por la Seguridad, firmado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial hace más de una semana.
El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública local, Carlos González, dijo que no podía ofrecer información sobre las acciones emprendidas del jueves 21 de agosto a la fecha.
Sólo comentó que el estado se sumó a la Plataforma México desde el inicio de año, que es un sistema de intercambio de información criminal que se incluyó en el acuerdo.
En Hidalgo, Sonora y Tabasco, las primeras acciones se enfocaron en promesas de trabajo. Mientras que en Coahuila y Veracruz trascendieron declaraciones.
No obstante, autoridades de Nuevo León, Michoacán, Puebla y Zacatecas suscribieron acuerdos estatales para compartir el compromiso de seguridad con instancias locales.
Tlaxcala, Guerrero, Sinaloa, Baja California y Chiapas anunciaron las medidas adoptadas en la última semana para cumplir los 75 acuerdos que buscan abatir impunidad, corrupción, descoordinación y violencia.
El mandatario de Tabasco, Andrés Granier Melo, informó que mañana lunes encabezará una reunión estatal.
Los secretarios de Seguridad Pública de los estados de la región Noreste —Nuevo León, Coahuila, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas— acordaron, en un pronunciamiento conjunto, solicitar al Congreso de la Unión que revise el Artículo 115 constitucional, que establece las atribuciones de los ayuntamientos.
Consideraron que para lograr una batalla eficaz en contra del crimen organizado, se deben adecuar las facultades de los municipios y así eliminar la susceptibilidad de ser permeados por esas mafias.
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, propuso un pacto regional entre los ocho estados del Golfo y Centro del país, para hacer un frente a la inseguridad. Entregó equipo nuevo a la Procuraduría de Justicia. Declaró en la semana que “se sabe quiénes son los malos”, en referencia a que impedirá hechos delictivos en su entidad.
En Baja California, autoridades de seguridad continuaron con la depuración de los cuerpos policiacos. Fueron destituidos 129 oficiales, más de 2% del total en el estado, que se sumaron a los 281 despedidos en 2007.
Desde hace tres semanas se aplican exámenes antidoping, detector de mentiras y evaluaciones a 500 agentes en Sinaloa. La meta, apuntó Seguridad Pública, es examinar a más de 7 mil policías en seis meses.
El Gobierno de Guerrero aceleró la construcción de siete cuarteles policiacos regionales y uno federal en Chilpancingo. Además, reforzó la coordinación con las corporaciones de Morelos y continuó con la profesionalización de los agentes.
En Yucatán se incrementó la vigilancia en los 106 municipios, en especial, en los colindantes con Quintana Roo. La inseguridad cimbró con la aparición de 12 decapitados.
Para erradicar el secuestro, legisladores de Tlaxcala propusieron aumentar las penas contra plagiarios hasta 70 años de prisión y multa de 2 mil a 4 mil días de salario en caso de pertenecer a una corporación policiaca o ser familiar de un agente.
En Chiapas, el Congreso reformó la constitución local y sus códigos penales para castigar hasta con 110 años de cárcel a secuestradores y extorsionadores.
El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se pronunció a favor de la pena de muerte a secuestradores que asesinen a sus víctimas.
Los gobiernos de San Luis Potosí, Quintana Roo y Tamaulipas aseguraron que ciertas acciones del acuerdo ya fueron instrumentadas.
