Héctor Aguilar Camín, Claudia Scheinbaum y Arturo Fernández, durante el segundo debate sobre la Reforma Energética en el Senado de la República. (El Universal)
Con menor asistencia se lleva a cabo el segundo debate sobre la reforma energética, con duras críticas a Calderón.
El segundo día del foro de debates sobre la reforma energética, fue el marco que utilizó el llamado “Gobierno legítimo” que encabeza Andrés Manuel López Obrador para presentar formalmente su propuesta de reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Claudia Sheinbaum, secretaria de Patrimonio del Gobierno Legítimo, fue la encargada de presentar dicha propuesta que se sustenta en cinco líneas estratégicas para el fortalecimiento del sector, principalmente de los hidrocarburos, “que no requiere de grandes reformas jurídicas, pero sí de voluntad política y visión de soberanía”.
Una de sus principales propuestas es que el Gobierno Federal asuma la deuda Pidiregas de todo el sector energético, que a diciembre de 2007 ascendió a 62 mil millones de dólares, de los cuales cerca de 50 mil millones corresponden a Pemex y el resto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta deuda, explicó Sheinbaum, resulta sumamente cara porque está financiada por los contratistas privados y frecuentemente inflada, pues incluyen costos que los contratistas agregan, simplemente para asegurarse que sus operaciones sean rentables.
Mediante este mecanismo se liberaría a Pemex de una pesada carga financiera con ahorros potenciales de 2 mil 500 millones de dólares anuales de intereses, toda vez que la deuda contratada por la paraestatal es, ante todo, una deuda del país y del Estado.
Otro punto de la propuesta de AMLO es convertir a Pemex en motor de la economía nacional, de manera tal que aprovecha las oportunidades de cada uno de los procesos, desde la exploración hasta la comercialización.
En este punto, propone que los petrolíferos deben elaborarse en México, con inversión y operación de Pemex, porque representa valor agregado, empleo, ingeniería y desarrollo tecnológico. Al argumento de que estas instalaciones deben ser privadas, “nosotros respondemos que los ingresos de los empresarios privados para construir y operar la refinación, transporte y almacenamiento, vendrían de la misma fuente que si fuera Petróleos Mexicanos: la venta de hidrocarburos en el mercado nacional.
Propone, asimismo, reintegrar a Pemex en una sola entidad y no como está ahora, dividida en subsidiarias y filiales, lo que permitiría establecer una política de planeación integral. El proyecto recomienda canalizar el grueso de los excedentes presupuestales (que no se reparte a estados y municipios) del petróleo hacia Pemex. Estima ese potencial en 200 mil millones de pesos en 2008 y si la inversión anual que se requiere en refinación es de 30 mil millones de dólares, significaría que los excedentes de este año servirían para financiar las inversiones en el sistema de refinación para los próximos cinco años.
Incluso, propone construir tres refinerías, una que tentativamente podría estar en Tuxpan, otra en Atasta, Campeche y Dos Bocas, Veracruz, para aprovechar el crudo que se produce en esas zonas.
Y, finalmente, intensificar la actividad exploratoria en la totalidad del territorio nacional (sólo el 20% se ha explorado), particularmente en aguas someras donde Pemex es líder mundial en tecnología de producción y reactivar más de mil pozos maduros, con posibilidades de aportar volúmenes importantes de hidrocarburos.
Este segundo día de debates, que se llevó a cabo con menor número de asistentes y con un retraso de 25 minutos, significó duras críticas para las iniciativas del presidente Felipe Calderón.
Javier Jiménez Espriu, ex secretario general y director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, consideró que la reforma que plantea el Ejecutivo es “el pretexto para la reestructuración de Pemex, urgente sin duda, conveniente sin duda; pero la premura de su presentación esta fundamentalmente motivada no por la reestructuración en sí, sino por el interés en su apertura al sector privado”.
La calificó “de insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuno de sensibilidad política”.
Dijo, por ejemplo, que los bonos transfieren a particulares, aunque sea en mínimas cantidades, parte de la renta petrolera.
Las iniciativas, añadió, si se convierten en Ley, autorizarán los contratos riesgo y Pemex inicia su privatización, claudicando a la exclusividad que la Constitución le otorga, por lo que el objetivo fundamental de la propuesta “no es otra cosa que privatizar”.
Porfirio Muñoz Ledo sostuvo que la reforma del presidente Calderón es “notoriamente inconstitucional y nociva” para México, pues se trata de una operación “roedora que carcome” la estructura de este recurso natural y de las finanzas del país. Durante su participación en el segundo foro de debates, añadió que estas iniciativas están enfocadas a la apertura del sector energético a capitales privado.
“No es sólo un puñado de dirigentes lo que se dirime, sino la renovación del pacto social”, subrayó Muños Leos.
El escritor Héctor Aguilar Camín aseguró que en su iniciativa de reforma, el Gobierno ha respetado de dientes para afuera el texto constitucional, tratando de saltarse sus restricciones mediante cambios en leyes secundarias. “Es una astucia y es una simulación y esta soberanía (el Congreso) incurrirá en una astucia y en una simulación equivalente diciendo que no tocará un texto que se incumple todos los días”.
No digo, añadió Camín, que haya que cambiar la Constitución, eso lo decidirá esta soberanía, lo que digo es que hay que pensar esta reforma libremente, sin supuestas ataduras constitucionales que en realidad no atan a nadie.
En el evento también participaron los académicos Luis Rubio y Arturo Fernández.
Debatirán juristas
En el foro sobre análisis constitucional de la reforma petrolera, que se llevará a cabo el próximo martes, participarán Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juventino Castro y Castro, Arnaldo Córdova, Jaime Cárdenas, Héctor Fix Fierro y Mario Becerra Pocoroba.
Los seis juristas, invitados por las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, debatirán uno de los temas más controvertidos en esta materia y en particular sobre las iniciativas que ha enviado el presidente Felipe Calderón al Congreso.
Discutirán sobre si las propuestas son o no constitucionales, porque hasta ahora hay dos corrientes, unos que dicen que se abre la puerta de Pemex a la Iniciativa Privada y que por lo tanto se está violando la Carta Magna, y otros que niegan que se pretenda privatizar la empresa y mucho menos vulnerar la Ley suprema.
Este foro, como ha sucedido con los anteriores, tendrá como escenario el patio principal del Senado.
Destituye Pemex a 12 funcionarios
Petróleos Mexicanos destituyó e inhabilitó a 12 funcionarios luego que la Secretaría de la Función Pública (SFP) los señaló como responsables de compras irregulares, informó la paraestatal.
La investigación detectó una red de corrupción entre funcionarios de Pemex Petroquímica y algunos proveedores que se beneficiaron de manera ilícita con compras irregulares, de relativo bajo monto cada una, pero significativo si se ve en conjunto”, reportaron en un comunicado.
“Se trata de 12 funcionarios de Pemex Petroquímica (PPQ) que presuntamente realizaron diversas compras irregulares en 2006 (...). Este es un paso muy importante de una investigación que las instancias de control, así como la administración del organismo subsidiario y del corporativo han llevado a cabo durante varios meses”, señala el texto.
El proceso de las investigaciones realizadas permitió descubrir una serie de acuerdos ilegales y redes tendidas entre funcionarios de Pemex Petroquímica y algunos proveedores que se beneficiaron de manera ilícita.
De acuerdo con la postura que dio a conocer la paraestatal, se actuará con firmeza y todo el peso de la ley contra los funcionarios señalados por la SFP, que pertenecen al área de adquisiciones de los complejos Morelos, Cangrejera y a Pemex Petroquímica.