EL SÁBADO CIENTOS DE MILES de personas salieron a las calles en diferentes puntos del país para exigir seguridad. Este 2008 se ha caracterizado por ser un año sumamente violento, tan sólo Chihuahua tiene un registro de alrededor de mil personas muertas.
Por desgracia, palabras como secuestro, ejecutados, decapitados, forman ya parte de nuestro vocabulario cotidiano, a la par de que los asaltos patrimoniales y extorsiones van en aumento. La sociedad ya está cansada de sentir miedo, este hartazgo la ha llevado a movilizarse y exigir a las autoridades que hagan su trabajo, que el Estado cumpla con su principal función: el de brindar seguridad a la población.
En medio de la efervescencia propia del reclamo, algunas autoridades han lanzado propuestas de bote-pronto, que funcionan mediáticamente, pero no solucionan el problema de fondo. De esta forma el presidente de la República, Felipe Calderón, se ha pronunciado por la necesidad de aplicar la cadena perpetua a los delincuentes, mientras que el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, ya habla de la pena de muerte.
Ambas propuestas funcionan como catarsis para una sociedad harta de la violencia, sin embargo de nada sirve endurecer las penas mientras no haya una transformación del sistema judicial mexicano, el cual desde hace mucho tiempo está en crisis. El gran problema de este país es la impunidad, la probabilidad de que las autoridades atrapen a una banda de secuestradores es de apenas del uno por ciento. ¿En este escenario de qué servirán las penas más severas?, absolutamente de nada, ya que los delincuentes seguirán moviéndose libremente, sin temor.
En México los agentes de los Ministerios Públicos consignan averiguaciones mal hechas, lo que permite que en pocos días los delincuentes que logran ser atrapados recuperen su libertad. Las cárceles del país están llenas de “aleteros” y “farderas”, mientras los delincuentes de las grandes ligas, como los secuestradores, no pasan mucho tiempo tras las rejas.
Los políticos y sobre todo las autoridades de todos los niveles de Gobierno, ya no pueden tener oídos sordos a los reclamos de una sociedad que desea vivir segura. El pasado sábado la sociedad civil nuevamente gritó “Ya Basta”, ahora corresponde a las autoridades idear políticas públicas eficientes y no sólo decir ocurrencias para combatir la inseguridad, de ahí la urgencia de reformar el sistema judicial.
