Un convenio para mantener estables ciertos precios en el comercio, y una enorme transacción mercantil pusieron de manifiesto, en los últimos días de diciembre y en este enero, la frágil situación de los proveedores de los grandes establecimientos, sujetos a decisiones unilaterales e inapelables de sus compradores.
En La Caverna, no una de las mejores novelas de José Saramago, se ilustra esa fragilidad cuando el alfarero Cipriano Algor es arrojado fuera de la economía formal porque su cliente principal decide que los productos de barro no van con la modernidad ni con los menores costos propiciados por el uso de materiales químicos. Aunque aquí no se trate de obsolescencia de una técnica y una manera de ser, la indefensión de Algor, la precariedad de su posición en el mercado se ha reflejado en los pequeños y medianos industriales que surten de mercancías a las cadenas comerciales y particularmente a una que fue vendida y tiene otra razón social desde el primer día de este año.
A mediados de noviembre se concretó la compra del Grupo Gigante por Tiendas Soriana, que adquirió más de 200 establecimientos de la cadena fundada cincuenta años atrás por Ángel Losada y vendida ahora por su hijo de igual nombre. Fue una operación del tamaño indicado por la denominación comercial del consorcio en venta, pues importó el pago de 1,700 millones de dólares. Aparte se calculó el monto de los inventarios, es decir de la mercancía que estaba en los anaqueles o en bodegas en el momento de la transferencia de activos, que sumaron entre 330 y 350 millones de dólares adicionales.
Gigante recibiría ese importe por mercancía cuyo pago a los proveedores no estaba todavía cubierto. Desde una posición invulnerable, que concretaba el cruel dilema de: lo tomas o lo dejas, en sus últimos días como empresa comercial Gigante ofreció a sus proveedores pagos recortados, disminuidos hasta en más de dos tercios. Por cada peso que los suministradores de bienes a Gigante esperaban recibir, porque así había sido pactado a la hora de la compra o la entrega de la mercancía, recibieron cincuenta centavos en el mejor de los casos y aun treinta, en el peor de ellos. No había manera práctica de inconformarse, sobre todo entre los pequeños y medianos industriales que carecen aparatos legales para negociar con su clientela. Ni siquiera estaba a su alcance hacer ruido, por temor a malquistarse con el nuevo comprador. De modo que si Losada hizo un buen negocio al deshacerse de Gigante en parte ese objetivo se logró con cargo a los proveedores.
Superado con resignación ese momento amargo, esos mismos proveedores y los que en general surten al comercio operado por grandes cadenas se enfrentaron a una circunstancia de mayor gravedad aún. El Gobierno Federal que como el año pasado se halla preso entre dilemas (reconocer o no que suben los precios, intentar o no frenarlos, pues una autoridad adicta al mercado no puede osar manipularlo, pero un Gobierno debilitado desde su origen no puede ser insensible a los reclamos populares) montó más una operación de relaciones públicas que de corte económico, al proponer la firma del acuerdo de Apoyo familiar.
Lo suscribieron el 10 de enero la secretaría de Economía y los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Se trata de ofrecer, durante el periodo de enero a marzo, descuentos que van del cinco al treinta por ciento en cientos de productos agrupados en 51 categorías de bienes, particularmente alimentos y enseres domésticos. La ceremonia de firma fue ampliamente difundida y todos los participantes en ella deben haberse retirado a sus domicilios complacidos consigo mismos.
Pero lejos de esa complacencia se manifestaron los proveedores, los agrupados en las cámaras industriales. El presidente de la confederación que las conjunta, Ismael Plascencia, aprovechó la reunión del día siguiente, once de enero, del Consejo Coordinador Empresarial, para mostrar su desacuerdo con el acuerdo, a cuya confección no fueron convocados sus representados. Y es que los comerciantes harían caravana con sombrero ajeno, pues los descuentos serían transferidos por el comercio a los proveedores. Reveló que eso ocurriría mediante presiones que no vaciló en calificar de chantaje: “me vendes con descuento o ya no te vuelvo a comprar”.
El martes siguiente, 15 de enero, la Concamín formalizó la posición de su presidente. Emitió un comunicado en que “manifiesta su inconformidad ante el establecimiento unilateral del denominado Programa de apoyo a la economía familiar”. Los industriales consideraron que en la negociación respectiva debieron ser invitados los proveedores pues “en muchos casos el costo de esos descuentos será transferido a los industriales, dada la asimetría que hay entre las tiendas departamentales y la micro, pequeña y median empresa”. Al haber sido excluidos del acuerdo, añadieron “los industriales del país nos encontramos vulnerables ante la actitud de comerciantes quienes, aprovechando la situación, exigen a sus proveedores –particularmente del sector alimentos—absorber los descuentos a cambio de seguir adquiriendo sus productos”.
Ante ese reclamo, la secretaría de Economía ha tenido que replantear el acuerdo. Si no ha ocurrido, mañana martes se reunirán los presidentes de las firmas agrupadas en ANTAD y los dirigentes de Concamín, cuyo propósito es repartir equitativamente la carga de los descuentos pactados en su ausencia.
