Cuando a las personas se les pregunta si los secuestradores, los violadores, los extorsionadores, los pedófilos, merecieran la pena de muerte, la respuesta inmediata es: ¡claro!... porque nadie tiene derecho de abusar o privar de su libertad a los demás a través de la fuerza bruta; pero, también hay quien agrega que esa pena se aplique a los jueces que, escudándose en “recovecos” de las leyes, se atreven a dejar libres e impunes a esos criminales, sólo porque (probablemente) son recompensados económicamente.
Cuando se detienen a las bandas de secuestradores, y que se sustentan como gente sin recursos, como si sus fechorías las hicieran por necesidades económicas, inclusive con una actitud de “pobre de mí”, repentinamente, al ser aprehendidos, aparecen sus abogados, quienes son profesionales que cobran grandes estipendios; y uno se pregunta: ¿cómo es que pueden pagar esos defensores?... Ahí se ve clarísimo que son bandas fuertes, bien organizadas, que manejan grandes cantidades de dinero y que, de ninguna manera, es justo que se salgan con la suya, y que, por esa inmerecida defensa que obtienen, y la corrupta liberación posterior, sólo la pena de muerte los puede parar.
La ley es quien tiene la última palabra...
