Aunque con una sensible baja en su aceptación ciudadana, el “Gober precioso”, Mario Marín, comenzó el 15 de enero su segundo trienio, sereno y tranquilo tras haber librado dos batallas en que salió victorioso, la elección local y la indagación constitucional emprendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al cabo de la cual quedó exonerado por efecto del voto de la mayoría de los ministros.
Satisfecho por esos resultados, Marín no vaciló en arrastrar consigo a su secretario de Gobernación Mario Montero Serrano no sólo al acto protocolario en que ante un Congreso a modo presentó su Tercer Informe de Gobierno sino después a una reunión masiva en el Centro de convenciones, donde fue objeto de adulación de público escogido. Montero Serrano estaba de duelo, pues apenas cuatro días atrás había enviudado. Su esposa, la señora Patricia Rossano, y siete personas más, murieron en un accidente aéreo el 11 de enero. La señora de Montero y varias de las víctimas pertenecían al voluntariado de la secretaría de Gobernación.
Montero es amigo de juventud de su amigo y tocayo Marín. Simultáneamente con su intento fallido de hacer política –perdió la elección senatorial en julio de 2006— ha hecho carrera como notario en Cholula. En marzo del año pasado inauguró nuevas instalaciones de su despacho, con Marín como invitado principal. En agosto siguiente, cuando el gobernador decidió que su secretario de Gobernación, Javier López Zavala, fuera candidato a diputado de representación proporcional (posición que a la postre no alcanzaría, paradójicamente por la abrumadora victoria priista en la elección por distritos), Montero Serrano lo reemplazó.
El grave percance del 11 de enero podría haber sido causado no por el mal tiempo, como se dijo en el informe oficial, sino probablemente por la corrupción o por lo menos la negligencia de los responsables del equipo aéreo del Gobierno poblano. Según se lee en el periódico informático e-consulta, una denuncia al respecto había sido soslayada durante dos años y medio. El primero de agosto de 2005 Mario Aparicio Ponce, un experimentado piloto, con 13 mil horas de vuelo y 30 años de experiencia, once de los cuales al servicio del Gobierno de Puebla, dirigió un a carta al entonces secretario López Zavala en que advirtió de irregularidades en la compra de refacciones y en la contratación de personal, caracterizado por su escasa experiencia:
“Soy consciente y respetuoso de que en la aviación está en riesgo la vida de las personas y en ellas incluida la del señor gobernador; por ello no es válida la presencia de pilotos o copilotos que ven al Gobierno del Estado como una escuela en la que buscan aprender y que tienen en su expediente accidentes Y cuantiosos daños al equipo de vuelo.
“Tampoco es válido sustituir piezas con refacciones usadas en lugar de piezas nuevas y que las refacciones usadas no cuenten con pruebas de materiales ni estudios de capacidad o de desgaste”.
La carta de Aparicio Ponce fue recibida en Gobernación el 29 de septiembre siguiente y según López Zavala, canalizada a la Contraloría, donde se inició una averiguación, de cuyo curso y resultado nadie sabe nada. En cambio, poco después de su denuncia el autor fue despedido. Volvió al asunto después del accidente de hace dos semanas, cuando observó, en las fotografías sobre el suceso, que una manta cubría el rotor de la cola. El piloto presume que se ocultó esa porción del aparato caído para que no pueda apreciarse el estado de esa pieza. Si no giró el rotor, en ello estribaría la causa del accidente, y habría que concentrar la indagación en una falla mecánica, tal vez derivada de la falta de mantenimiento o la sustitución de refacciones buenas por malas. El servicio general a un helicóptero como el que vino por tierra, Bell 206, cuesta doscientos mil dólares y el yugo de su rotor, nuevo, cuesta 45 mil. Alguien con equivocado concepto del ahorro, o con el propósito de quedarse para sí con esas cantidades y simular que se pagaron para el servicio de ese aparato, podría haber causado la muerte de ocho personas.
Entre ellas, además de la señora Rossano de Montero se encontraba la señora Gabriela Henaine, esposa del empresario Luis Ángel Casas, muy cercano a Marín y su secretario de Gobernación. En la mencionada inauguración de su notaría, Montero agradeció el apoyo de sus socios Luis Ángel y Agustín Casas. Aquel fue el coordinador de finanzas de la campaña de Marín y quien aconsejó a Kamel Nacif telefonear al gobernador a propósito de Lydia Cacho. Nacif acudió el doce de enero al sepelio de la señora Henaine de Casas.
Después de que su carta de 2005 y sus declaraciones sobre el accidente aparecieron en e-consulta, el piloto Aparicio Ponce fue amenazado por sus declaraciones a los medios de comunicación (que sólo recogió aquel servicio informativo en la Red). Una amenaza análoga, sin conexión con este caso, pero sí con e-consulta, había recibido en noviembre pasado el reportero Juan Pablo Proal. Tras asistir como parte de su tarea profesional a un mitin de Andrés Manuel López Obrador, Proal descubrió que le había sido robada su cartera. Poco después, al encender su computadora para transmitir su información fue interrumpido por un mensaje en la pantalla del presunto ladrón, que le pidió dinero a cambio de los documentos contenidos en su cartera. Dijo que de lo contrario podía golpearlo y arrojar su cuerpo al lago Valsequillo. La denuncia ante el Ministerio Público no ha tenido curso.
