Para el secretario general de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, José Antonio Caballero, los jueces deben involucrarse activamente en el diseño e implementación del nuevo proceso penal. (El Universal)
En este 2008 se prevé que se concreten algunas de las reformas en materia judicial más importantes de las últimas décadas, unas con el visto bueno de todos los sectores del ámbito jurídico y otras ampliamente criticadas porque se considera que son violatorias de derechos humanos.
A continuación se presenta la opinión, a veces encontrada, de abogados de diversos sectores quienes hablan de lo que sería deseable que ocurra en materia de justicia el año que inicia y lo que esperan que se evite y que no tenga lugar en 2008.
Los jueces deben ser más partícipes
José Antonio Caballero
Secretario general de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
El reto para 2008 y para los años venideros: La reforma procesal penal. Los jueces deben involucrarse activamente en el diseño e implementación del nuevo proceso penal. Hasta el momento, la mayor parte de los poderes judiciales se ha limitado a observar la discusión de la reforma.
Hay poco interés por el análisis de los alcances de las reformas y por el estudio reformas semejantes en América Latina.
Los jueces tienen que recuperar el terreno perdido y asumir el liderazgo de la reforma.
Lo peor que le puede pasar a la justicia es que la confianza pública hacia los jueces disminuya.
La justicia encuentra su principal sustento en la ciudadanía.
Es indispensable que los jueces adquieran conciencia de la importancia de su papel en la sociedad. Para ello deben evitar refugiarse en actitudes excesivamente formalistas y reconocer que detrás de los juicios hay personas y expectativas sociales.
La justicia no es un ejercicio mecánico de aplicación de la Ley sino una actividad que tiene por objeto dar una solución efectiva a los conflictos que se presentan en la sociedad.
Más Suprema Corte y menos ministros
José Roldán Xopa
Jefe del Departamento de Derecho del ITAM
El conocimiento público de la forma de discusión en la Corte ha provocado una exposición de cada uno de los ministros, de manera que se conocen en mayor medida sus posiciones jurídicas e ideológicas.
Al ser personas públicas construyen sus personajes buscando individualizar cada vez más sus posiciones. Como lo han señalado ya algunos estudios, se ha incrementado la frecuencia de votos de minoría, particulares, etc.
En tal sentido hay más ministros y menos Corte; se aumenta la percepción sobre los individuos y se disminuye la de la institución. Es deseable equilibrar tal percepción.
Tal cuestión no es nada fácil ya que las condiciones y los problemas que se presentarán a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación parecen favorecer el fraccionamiento de los votos; pero, por otra parte, es deseable que las decisiones de constitucionalidad construyan un terreno de mayor firmeza.
La reforma constitucional en materia penal coloca a los órganos de justicia ordinaria en un escenario de profundas transformaciones institucionales. Se está frente a la expectativa de transformación de la justicia penal que para hacerla realidad requiere de cambios radicales en la forma de entender la función del juez y del proceso penal.
El dilema hacia adelante está entre el cambio o que las prácticas viciadas signifiquen un cambio meramente cosmético.
Urgente, la reforma en materia laboral
Jorge Cervantes Martínez
Abogado postulante, Barra Mexicana Colegio de Abogados
Uno de los elementos fundamentales es la reforma a la Ley Federal del Trabajo que durante más de siete años no se ha concretado.
En el sexenio pasado se concluyó un proyecto de reforma que fue presentado el 12 de diciembre de 2002 ante la Cámara de Diputados, sin que en ésta haya existido avance alguno al respecto.
Los aspectos más relevantes que debe incluir dicha reforma son entre otros: Flexibilidad en la Contratación Laboral, la Jornada Laboral, la Capacitación y Productividad, los aspectos de los Sindicatos y los Procedimientos de las Huelgas, así como la Justicia Laboral en general.
Independientemente si existe reforma laboral o no, resulta indispensable el fortalecimiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto Federal como Locales, conservando el Tripartismo, pero con autonomía financiera, administrativa y técnica jurídica.
Para propios y extraños es indudable la falta de presupuesto y modernización de los tribunales labores; por lo que dichos procedimientos son lentos y como reza la filosofía popular “…justicia retardada es justicia denegada…”.
Si bien es cierto que la actual Administración del presidente Felipe Calderón y las Cámara de Diputados y Senadores reformaron la Ley del ISSSTE, también lo es que un tema impostergable es el relacionado con el de las Pensiones y Jubilación de diversas dependencias públicas cuya mecha es exageradamente corta.
Todos, políticos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, académicos, sindicatos, trabajadores y la ciudadanía en general, debemos sumar esfuerzos para encontrar una solución satisfactoria para la patria.
1.- Que las instituciones que son pilar de la vida nacional, pierdan su fortaleza por ambiciones de naturaleza política y/o partidistas.
2.- Un grave problema sería que IFE pierda su condición ciudadana.
3.- Que el Poder Legislativo caiga en la gran tentación de “legislaciones a modo” como las reformas electorales a la Constitución realizadas el año pasado.
Conclusión: Debemos, la sociedad en general, ser más participativos en las grandes decisiones que afectan a la vida nacional; siempre por los cauces legales y con el firme apoyo de los medios masivos de comunicación.
