El jueves pasado, los diputados del Partido de la Revolución Democrática y sus satélites tomaron el salón de plenos en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en un acto que amerita el calificativo de golpista.
No falta quién compare estos actos violentos con los de resistencia testimonial que durante el régimen priista llevaron a cabo algunos elementos de Oposición, entre los cuales se suele citar a Manuel Clouthier. Ni el escenario ni las acciones son los mismos. El PRD se sitúa al filo del golpe de Estado en un momento en que están abiertas todas las posibilidades del acuerdo político, y mantiene un pie dentro del juego democrático que da acceso a los perredistas a posiciones importantes y a recursos públicos a raudales, mientras mantienen el otro pie en el plano del desprecio a las instituciones, hasta el extremo de la subversión violenta.
En México las acciones radicales gozan de impunidad, en virtud de un complejo de culpa que impulsa a los actores políticos a caer en la tibieza, con tal de distanciarse del antiguo modelo autoritario. Así las cosas, toda la estrategia de Gobierno y de las fuerzas políticas moderadas, frente al radicalismo criminal de la llamada izquierda, se reduce a “dejarlos que se exhiban”.
La estrategia referida es cuestionable, porque los perredistas cifran su acceso al poder en el aliento al odio entre los mexicanos y generan un sentimiento de inseguridad y frustración que acabará por pedir a gritos el regreso a un sistema autoritario, igual o peor a lo que vivimos en los tiempos del PRI.
Existen opiniones según las cuales el radicalismo de AMLO perjudica electoralmente al PRD sin embargo, la experiencia muestra lo contrario. El PRD ha crecido porque ha tomado distancia de la postura de centroizquierda en la que el PRI sigue posicionado. AMLO sabe que su partido ha nacido como disidencia extrema del PRI y por ende, el PRD será radical o no será.
Ante una situación en la que la generalidad de los actores reconoce que Pemex no puede permanecer en su estado actual, el presidente Felipe Calderón ha cumplido con el envío de una propuesta sobre puntos de referencia establecidos por la misma Oposición, en términos que hacen posible la discusión del proyecto por el Congreso, con miras a su enriquecimiento y aprobación.
Es falso que la propuesta sea “precipitada” como aduce el gobernador de Coahuila Humberto Moreira o que el tema requiera de un tiempo indefinido para su discusión como quisieran los perredistas, prestos a aprovechar la ocasión para seguir haciendo lo único que saben: Sembrar cizaña.
La pretensión de “discusión amplia” que con el pretexto de que “toda” la población tenga acceso a los argumentos de las partes, intenta desconocer que en el Congreso de la Unión está representada, para efectos políticos, la nación mexicana. Lo anterior sea dicho sin perjuicio de que toda discusión en el Congreso trascienda al cuerpo social en su conjunto, como ocurre y ha ocurrido en este tema por diversos conductos, incluidos los medios de comunicación.
El tema del aprovechamiento de los hidrocarburos en el renglón específico de la apertura a la inversión privada existe en el mundo desde el inicio de la era industrial; la última fase del debate a nivel político en este país, tiene al menos veinte años y lástima por los que no se han enterado.
La vieja disputa entre Estado y Sociedad, en México ha puesto sobre la paraestatal del petróleo una camisa de fuerza que la ha descapitalizado, al impedir alianzas estratégicas que le den acceso a la tecnología que se requiere para explotar los yacimientos. El día de hoy la inversión privada es un requisito para la viabilidad de Pemex, por lo que el debate se reduce al “cómo” abrir las puertas en términos de mantener la rectoría del Estado y asegurar la equidad y transparencia.
Es correcto que el Estado Mexicano conserve el control de las reservas petroleras, pero ni éste ni ningún Estado en el mundo cuenta por sí solo con suficientes elementos financieros o tecnológicos para la explotación del petróleo y es natural, porque tal actividad excede los fines que al propio Estado como tal corresponden.
Se entiende la preocupación porque este intento de fortalecer a Pemex no termine en un fiasco como ocurrió con las privatizaciones de tiempos de Salinas de Gortari, pero tal cosa no tiene que ocurrir obligadamente, por la simple razón de que el país ya no es el mismo de aquel entonces.
La pluralidad política y la distribución del poder permiten que con la cautela debida, se abra Pemex al apoyo de capital privado bajo la vigilancia de los propios órganos de control del Congreso, que en la época de Salinas no existían.
Frente al radicalismo de la izquierda y la tibieza generalizada, se yergue esta realidad: En materia energética nuestro país está atrasado y urge que nos subamos al tren del futuro.
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