A contrapelo de la justificación oficial de la aseguradora, señalando que la actividad ha dejado de ser estratégica, lo cierto es que tras la venta de ING a la firma francesa AXA hay una larga, larga historia judicial cuyo desenlace se mide en desprestigio
La compañía holandesa Internacionale Nederlanden Group abandona el barco justo cuando el gremio se aprestaba a una campaña sin precedente para atraer al gran público, vía la venta de microseguros.
En los gruesos tomos del expediente, más allá de los 116.5 millones de dólares en paralelo a intereses acumulados en un lustro que le debió pagar a la firma productora de fertilizantes Fertinal, está el costo de decenas de desplegados en prensa; espectaculares en las calles, y spots en medios electrónicos en intento de contener una catarata de desconfianza.
ING sí le cumple a sus clientes.
El llamado “pleito del siglo” entre las compañías, a cuyo fragor desapareció formalmente de la escena la demandante, engloba media docena de demandas en tribunales de Baja California Sur, Michoacán, Morelos y la capital del país; 21 órdenes de aprehensión que muchos meses después serían anuladas; congelamiento de cuentas a la aseguradora por 300 millones de dólares; huída del país del ex director general de la firma; acusaciones de falsificación de documentos; reclamos por supuestos cobros de pólizas de reaseguro...
El escándalo, en cuyo epicentro se colocó en el banquillo la efectividad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Conducef), la parcialidad de la justicia mexicana, la objetividad de los funcionarios públicos, y la utilidad de costosas primas de garantía, llenó miles de espacios en los medios de comunicación durante un lustro.
La historia se inicia a la negativa de la compañía holandesa a entregar un anticipo de 10 millones de dólares a Fertinal, para remover escombros tras la destrucción de las instalaciones de su filial, Roca Fosfórica Mexicana, en una zona cercana a La Paz, Baja California Sur, al embate furioso del huracán Juliette, en septiembre de 2001.
La empresa productora de fertilizantes había adquirido una póliza “contra todo riesgo”, con una cobertura de 300 millones de dólares.
La justificación original de la compañía aseguradora era que no había claridad en el alcance de la póliza, además de que no era válida la posibilidad de anticipos y, por si fuera poco, no había certeza sobre el beneficiario, toda vez que Fertinal (cuya razón social es Agroindustrias del Balsas), había endosado la póliza a favor de algunos de sus acreedores.
El caso es que el obstáculo precipitó la quiebra de la empresa afectada, por más que se adujo que con Juliette o sin Juliette estaba desahuciada. De hecho, su principal planta, localizada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se encontraba en paro técnico.
En el camino se inició una catarata de demandas que derivaron en la expedición de 21 órdenes de aprehensión contra funcionarios y proveedores de la aseguradora… entre ellos el ex director general, Adrián Páez, quien debió salir del país para evitar su encarcelamiento.
Apresados tres de ellos, semanas después alcanzarían la libertad “por falta de méritos”.
En el rodar del alud un juez ordenó el congelamiento de cuentas de ING por 300 millones de dólares, en paralelo a otro, ordenado éste por la Conducef, por 43 millones, monto en que el organismo calculaba el daño.
A su vez, ING colocaría en un juzgado un depósito de 13 millones de dólares que a su juicio garantizaban el pago de la póliza en juego… por más que en una primera sentencia, apelada por la empresa, se le había condenado a pagar 235 millones de dólares por daños secuenciales e intereses.
El escándalo, en un largo trajín que colocó a los secretarios de Hacienda, de Gobernación y de Economía del lado de la aseguradora holandesa, llegó a la Cámara de Diputados, cuyo pleno aprobó un punto de acuerdo planteado por el diputado de Nueva Alianza, Manuel Cárdenas Fonseca, para condenar la conducta de ING.
A la letra, el texto señalaba que el caso Fertinal provocó afectación en la confianza de la sociedad, “valor fundamental a tutelar por el Estado”.
Más allá, se hablaba que el ruido “suscitó la preocupación de los usuarios de servicios de la empresa involucrada y vino a mermar aún más la confianza general en el sector de las aseguradoras”.
Por lo pronto ING, quien llegó al país al adquirir Seguros Comercial América, propiedad entonces de Alfonso Romo Garza, se va del país cuando aún ocupaba el tercer lugar en número de pólizas, con una participación de 12.1% del mercado, por más que en su mejor momento se le reputaba como líder indiscutible.
¿Víctima de la justicia a la mexicana? ¿Rehén de sus propias culpas? ¿Blanco de un linchamiento de los medios de comunicación? ¿Incomprensión? ¿Amenaza cumplida?
AXA entra el relevo en afán, dice, de semblantear el mercado como punta de lanza para el Hemisferio.
Borrón y razón social nueva.
Balance general
Lo cierto, frente a la cerrazón de la Secretaría de Hacienda para atenuar el golpe que representa para las empresas la llegada a la escena del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) es que el Congreso dejó una rendija a la flexibilidad.
En el marco del ordenamiento que creo el tributo se insertó un transitorio, vía el cual se prevé la posibilidad de aceptar deducciones en casos excepcionales en que los comprobantes no reúnan los requisitos fiscales.
La coyuntura está siendo utilizada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga como ariete para exigir que se validen las facturas expedidas por el grueso de su clientela, integrada al Régimen de Pequeños Causantes (Repecos).
De pasadita, se plantea que se validen los pagos a macheteros y estibadores.
El volado, a dos días hábiles del entero del primer abono, está en el aire.
Amparo y paro
Vivos aún los estragos provocados por el paro global de tres semanas que aplazó la puesta en escena de la zafra, los productores de caña regresan al camino, bloqueando ahora cuatro de los seis ingenios del Grupo Santos.
La manzana de la discordia es una suspensión definitiva conseguida por éste en un juicio de amparo contra una resolución de la Secretaría de Economía que obliga a pagar un sobreprecio de seis por ciento por tonelada de caña, en remanente de la zafra anterior.
La exposición de motivos es simple: No hay dinero. El gobierno nos regresó los ingenios en ruinas.
La decisión se tomó con base en la ley de Desarrollo Sustentable de la Industria Cañera, que reclama como pago por la materia prima el equivalente a 57% del costo del azúcar en el mercado.
Por lo pronto, si el bulto se 50 kilogramos se cotizaba al inicio del año en 300 pesos, hoy está a 220.
Patito feo
Ubicada la actividad manufacturera como el principal damnificado de cara a una posible recesión en la economía estadounidense, los primeros síntomas de contagio están a la vista.
De acuerdo con el INEGI, durante octubre del año pasado, en contraste con el promedio positivo de 3.5% a nivel nacional, tres entidades federativas registraron saldos negativos.
El caso más alarmante fue el de Tlaxcala, con un retroceso de 9.2%, seguido de Sonora, con 6.7%.
El estado de México bajó 0.2%, en tanto Jalisco se mantuvo estancado.
Muera VIPS
En lo que constituye una convocatoria al absurdo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le envió un oficio al Consejo Mexicano de Filantropía, que encabeza Manuel Arango, para que se le quite a la cadena de autoservicio Wal-Mart la distinción de “empresa socialmente responsable”, en respuesta al amparo obtenido por su filial, los restaurantes VIPS, contra la llamada Ley de Protección a los No Fumadores.
Castigar, pues, a quien ejerce un derecho consagrado en la Constitución.
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