William Earl Lynd. (AP)
El estado de Georgia ejecutó ayer al asesino William Earl Lynd, al reanudarse la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, informó un portavoz del penal de Jackson, donde se llevó a cabo el procedimiento.
Lynd, de 53 años, fue ejecutado con una inyección letal pocos minutos después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara una solicitud para que se conmutara el castigo presentada como un último recurso por sus abogados.
El hombre fue condenado a muerte por el secuestro y asesinato de su pareja, a quien ultimó de tres balazos en la cara hace casi 20 años.
La ejecución fue la primera desde que el Supremo suspendiera en septiembre del año pasado la aplicación de la inyección letal, cuestionada por dos condenados a muerte en el estado de Kentucky. Los dos convictos alegaron que el castigo era cruel e inhumano y, por lo tanto, inconstitucional. Ese argumento fue rechazado a mediados de abril por el Tribunal Supremo, poniendo fin a lo que constituyó una virtual moratoria en la aplicación del castigo.
El Tribunal Supremo del estado de Georgia también había rechazado poco antes un pedido de clemencia en favor de Lynd. El lunes la Junta de Perdón y Libertad bajo Palabra del estado había denegado ya una solicitud de aplazamiento del castigo.
El gobernador de Georgia Sonny Perdue, declaró ayer que la Corte Suprema federal había tomado una decisión correcta sobre la inyección letal, pero declaró que el estado no se había apresurado para ser el primero en usarla.
“No fue algo en lo que quisiéramos ser precisamente los primeros. Sólo fue el hecho de que esto había estado ahí”, declaró Perdue en una conferencia de prensa en el Capitolio. El lunes un juez de Texas fijó para el 5 de agosto la ejecución del mexicano José Medellín, de 33 años, en un caso que provocó un incidente internacional.
En el caso de Medellín, la imposición de la pena de muerte ocasionó una disputa internacional e hizo que la Corte Suprema federal rechazara un pedido de la Casa Blanca de reconsiderar la decisión, por considerar que el presidente George W. Bush sobrepasó su autoridad al ordenar a Texas que reconsiderara el caso y los de otros 50 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
