El EPR le reprochó a la Secretaría de Gobernación que sólo quiera darles la calidad de “testigos sociales” a la Comisión de Intermediación y reprobó las “descalificaciones” que se han hecho a Rosario Ibarra de Piedra. (Archivo)
Consideran eperristas que la propuesta del Gobierno es ‘alevosa, grosera y tramposa’.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) rechazó la propuesta que presentó el pasado 29 de abril el Gobierno del presidente Felipe Calderón para establecer un diálogo amplio y directo que incluya la solución pacífica de conflictos y una declaración pública de cese al fuego por parte del grupo armado.
En un comunicado divulgado ayer, el EPR consideró esa posición como “alevosa, grosera y tramposa” y dijo quedar a la espera “de una respuesta seria y responsable (del Gobierno Federal) de acuerdo a la gravedad del caso que implica la desaparición forzada por motivos políticos”, en referencia a dos de sus integrantes.
El grupo armado aseguró que la posición expresada a través del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, “refleja nula voluntad política para resolver los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país”.
“Hacemos de su conocimiento que rechazamos categóricamente la respuesta del Gobierno calderonista en todos y en cada uno de sus puntos, por alevosa, grosera y tramposa, que reflejan nula voluntad política para resolver los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país por su Gobierno y gobiernos pasados. Simplemente es una propuesta inaceptable”, indicó.
El EPR propuso el pasado jueves 24 de abril que el obispo emérito Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el antropólogo Gilberto López y Rivas y la senadora Rosario Ibarra integraran una comisión de intermediación con el Gobierno Federal para abordar el tema de la desaparición de dos de sus dirigentes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
El EPR asegura que ambos fueron detenidos por fuerzas policiales y militares gubernamentales el 25 de mayo del año pasado en la ciudad de Oaxaca.
El pasado 29 de abril el Gobierno, a través de Mouriño, informó que aceptaba la negociación y propuso que fuera amplia y directa con los integrantes del llamado Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), pero puso una serie de condiciones.
El Gobierno pidió que la negociación con el PDPR-EPR no se limitara a la localización de sus dos dirigentes desaparecidos, sino que incluyera la solución pacífica de conflicto y pidió que el grupo armado se comprometiera públicamente a suspender de forma definitiva sus acciones radicales de sabotaje y de violencia.
También se pronunció por que las personalidades que el grupo armado propuso como mediadores se desempeñaran sólo como “testigos sociales” para facilitar el diálogo.
En su comunicado de ayer, el EPR también se dice indignado por el planteamiento gubernamental hacia los intermediarios.
“Nos indigna la propuesta gubernamental de que ustedes funjan sólo como ‘testigos sociales’ por irrespetuosa y agresiva hacia sus personas pretendiendo ignorar su trayectoria y autoridad moral, por un lado, y por el otro con la alevosía y vulgaridad con que se trata de manipular y descalificar a la comisión de intermediación que valientemente aceptaron asumir, por lo que repudiamos la actitud del Gobierno”.
El grupo guerrillero denuncia además acoso gubernamental en contra de Rosario Ibarra de Piedra, a la que el Gobierno Federal estaría descalificando como intermediaria.
