La justicia argentina denegó la petición de libertad que realizó el ex militar Ricardo Miguel Cavallo, por lo que continuará preso en el penal federal de Marcos Paz, revelaron hoy fuentes judiciales.
Fuentes consultadas explicaron que el juez Sergio Torres no consideró suficientes los alegatos presentados por la defensa del ex marino, quien llegó extraditado a Buenos Aires desde España el pasado 31 de marzo.
El abogado de Cavallo, Alfredo Solari, adelantó en entrevista con esta agencia que no esperaba una resolución positiva porque el caso del ex militar es político y no judicial.
Por eso, dijo, en las próximas semanas llevará el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para denunciar que Cavallo ha estado en la cárcel durante siete años y siete meses en México y en España sin haber sido condenado.
Explicó que la legislación argentina establece que nadie puede permanecer preso más de tres años sin condena, mientras que otras instancias internacionales consideran que no se deben superar los cuatro años.
'Acá ningún juez se arriesgará a que la primera plana de los periódicos anuncien que liberó a un represor, no creo que ahora nadie tenga el coraje', señaló.
Cavallo, quien ya negó los cargos que se le imputan en dos comparecencias ante el juez, tendrá que quedarse en Marcos Paz, una cárcel para presos comunes ubicada en la zona metropolitana de Buenos Aires.
Hasta el año pasado, los ex militares acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) eran llevados a dependencias del Ejército, donde gozaban de tratos privilegiados.
Sin embargo, el pasado 10 de diciembre el ex prefecto Héctor Febres, de 66 años, fue encontrado muerto por envenenamiento en la dependencia de la Prefectura Naval en la que estaba preso mientras esperaba que el tribunal emitiera su condena.
Por eso, ahora todos los procesados por secuestro, tortura, desaparición, asesinato y robo de bebés enfrentan sus juicios desde alguna cárcel.
El ex capitán de corbeta debe responder ante la justicia por los secuestros del escritor y periodista Rodolfo Walsh y de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon.
También se le imputa el robo de bienes de los prisioneros que llevaba a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), que fue el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura.
El ex marino, que utilizaba los sobrenombres de 'Sérpico' y 'Marcelo', fue detenido en agosto de 2000 en México, pero tres años después España logró la extradición por pedido de Garzón.
