Para Rodolfo Walss, secretario del Ayuntamiento, los municipios no fueron marginados en las Reglas de Operación para la Zona Metropolitana de La Laguna publicadas el pasado viernes. En ellas se determina que sean los gobiernos estatales los que tomen las decisiones y administren los 250 millones de pesos destinados a financiar las obras y proyectos conurbados.
El funcionario afirmó que prevalece el ánimo de coordinación con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal. “Y estamos de acuerdo que en una ‘encerrona’, en una sola reunión, podremos definir los proyectos y obras prioritarias, como lo aseguró el gobernador Humberto Moreira”, dijo.
Luego de leer el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, Walss comentó: “No existe ninguna marginación, no puede hablarse de que se limita la participación de los municipios en un convenio conurbado en el que las propuestas emanan precisamente de los municipios y sus ciudadanos”.
El secreatario opinó además que “la Zona Metropolitana de La Laguna va mucho más allá de unas Reglas de Operación, son una base, una guía de procedimientos que habrá que atender, pero lo esencial es la aportación en propuestas para obras y proyectos que harán los municipios”.
El documento de referencia establece que los ayuntamientos de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros tendrán voz, pero no voto, respecto a los proyectos a realizar en la Zona Metropolitana de La Laguna con recursos federales que ascienden a los 250 millones de pesos. Al respecto, Rodolfo Walss dijo que “más allá de quiénes tengan la facultad legal de votar o no votar, el proceso seguirá siendo incluyente, con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal”.
Aseguró que el Municipio estará representado por el alcalde y un funcionario de las áreas técnicas que se designe al interior del Ayuntamiento, para participar en el Consejo para el Desarrollo Metropolitano.
Para el diputado federal Carlos Bracho, “dado que los alcaldes de la Zona Metropolitana de La Laguna tendrán voz, mas no voto, en la toma de decisiones, les corresponderá convencer a los gobiernos estatales de los beneficios de los estudios, proyectos u obras a realizarse”.
