En los próximos días la Alampymes presentará al Ejecutivo una propuesta para aplicar un plan de emergencia a favor del sector. (Archivo)
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México, DF.- A unos días de que venza el plazo para interponer amparos contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), fiscalistas recomiendan a los contribuyentes recurrir a firmas reconocidas y profesionales para presentar este recurso legal, a fin de evitar abusos.
Especialistas de las consultorías Deloitte y KPMG descartaron una ola de amparos con el IETU, pues sólo hay evidencia de inconstitucionalidad en casos y empresas específicas, pero alertaron sobre despachos que invitan a interponer impugnaciones masivas.
A partir de la entrada en vigor de este impuesto, el primero de enero pasado, a través de correos electrónicos diversas firmas enviaron mensajes a los contribuyentes invitándolos a contratar sus servicios para formar una “comunidad” para ampararse contra el IETU.
Empresas como “Consultoría Fiscal y Jurídica” prometen al contribuyente que si interpone un amparo dejará de pagar el IETU hasta obtener una resolución, y que si el fallo le es favorable, nunca pagará este gravamen, todo por una “módica” cantidad que va de diez mil a 30 mil pesos.
Al respecto, socios en México de las firmas internacionales Deloitte y KPMG, sugirieron a las personas físicas y morales que quieran interponer este recurso contra el IETU que se acerquen a empresas profesionales y reconocidas.
Los contribuyentes tienen dos plazos para recurrir al amparo: el primero vence 30 días hábiles después de la entrada en vigor del IETU, es decir, este 13 de febrero, y el segundo, 15 días hábiles a partir del 17 de febrero, cuando termina el plazo para presentar el primer pago provisional del impuesto, lo que sería el siete de marzo próximo.
El socio de Impuestos de Deloitte, Francisco Macías, dijo que aunque el contribuyente tiene derecho a ampararse, debe tener cuidado con las empresas que le “venden ilusiones” con los amparos masivos contra el IETU, ya que puede resultarle contraproducente.
En entrevista, afirmó que un amparo general para no pagar el IETU es una mala recomendación, toda vez que sólo hay elementos de inconstitucionalidad en algunos casos específicos y no afecta a un sector o algún tipo de empresa en general.
Opinó que las empresas que ofrecen interponer un amparo por una cantidad específica sólo ven este recurso como un negocio mercantil, pues la prestación de este servicio debe ser profesional, técnica y “no como un commodity mercantil, un producto que se enajene a ver quién cobra menos o quién incluye a más contribuyentes en una demanda de amparo”.
En Deloitte, aclaró, no se comercializan los amparos, “prestamos servicios serios cuando hay razón de hacerlo, cuando no hay razón nosotros no aconsejamos el incurrir en gastos que ni son necesarios ni corresponden a una realidad técnica y se convierten en un negocio mercantil”.
Ante ello, Francisco Macías recomendó recurrir al amparo contra el IETU sólo a los contribuyentes que consideren que existen disposiciones concretas y específicas en las cuales hay evidencia de inconstitucionalidad.
No hay una generalidad de afectación a las compañías ni por giro ni por tamaño, la afectación es individual, dependiendo de ingresos y gastos, de deducciones pendientes en ISR, de las limitantes en deducciones en IETU; hay que analizarlas por empresa para ver si existe alguna afectación, subrayó.
Por su parte, el socio de impuestos de KPMG México, David Ricardez, comentó que los contribuyentes evalúan los aspectos en los que el IETU pudiera ir contra sus derechos para que, dependiendo del grado de afectación, decidan si recurren o no al amparo.
“Es decisión de cada empresa hacer esto, tiene la potestad, los medios y los recursos legales, pero hemos observado que cada una de las empresas está evaluando si debe o no de hacerlo”, indicó el especialista en declaraciones fiscales.
Admitió hasta ahora no hay una tendencia marcada de que algún sector o industria sea el que pueda amparase más o menos. “Sabemos que se van a amparar muchos contribuyentes, sí lo van a hacer, cuántos, no sabemos, y qué tanto representan del total, tampoco lo conocemos”.
Ante la posibilidad de que los contribuyentes caigan en manos de estafadores, el fiscalista recomendó que primero conozcan las “cartas credenciales” de los despachos que contraten para que tengan la confianza necesaria para recurrir a un juicio de amparo contra el IETU.
“Cualquier empresa que vaya a ampararse o quiera una asesoría legal, que conozca muy bien las cartas credenciales de quien lo va a defender, esa es la parte importante”, puntualizó Ricardez.
ALAMPYMES NO
PUEDE PAGARLO
La Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme) informó que sus 40 mil afiliados no se ampararán contra el IETU porque cuesta muy caro interponer este recurso, pero tampoco están en capacidad de pagarlo.
El presidente del organismo, Pedro Salcedo García, anunció que en los próximos días presentará al Ejecutivo una propuesta para aplicar un plan de emergencia a favor del sector, que es el principal generador de empleos en el país.
Expuso en rueda de prensa que en dicho plan, la Alampyme propone a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que facturen hasta cuatro millones de pesos anuales, dejen de pagar los impuestos Sobre la Renta (ISR) y Empresarial a Tasa Única (IETU).
La propuesta consiste en que el Gobierno Federal decrete este plan de emergencia y de rescate a las Mipymes durante todo el año, sobre todo ante la desaceleración y posible recesión económica en Estados Unidos.
De no concretarse este decreto de forma urgente, advirtió, el sector sufrirá un cierre masivo de los negocios y, en consecuencia, una pérdida de empleos, mayor a la prevista por los especialistas.
Según el directivo, la Alampyme ha formado una alianza con otras organizaciones empresariales, que en conjunto suman unas 500 mil Mipymes, por lo que si no se aplica este plan de emergencia cerraría la mitad, es decir, 250 mil empresas y cuatro empleos en cada una, lo que significa un millón de empleos perdidos.
Salcedo García dijo que el medio millón de empresas que conforman esta alianza estaban dispuestas a ampararse contra el IETU, pero decidieron no hacerlo debido al cobro excesivo de los abogados por interponer este recurso, comparado con lo que se ahorrarían por el procedimiento.
Los especialistas piden 20 mil pesos por interponer un amparo, más una comisión de 20 por ciento de lo que una empresa con un fallo favorable dejaría de pagar por el IETU, “lo que nos parece una locura”, argumentó.
Ante la imposibilidad de ampararse, dijo, este sector queda desprotegido, pues será el más afectado por la aplicación del IETU y no tendrá capacidad de pagarlo, cuyo plazo para hacerlo vence este lunes 18 de febrero.
Estimó que ni 10 por ciento de los contribuyentes obligados a pagar el IETU podrá cumplir con esta obligación, ya que se desconoce la manera de hacerlo.
