Tras el acuerdo general sobre recompensas que favorezcan la detención de delincuentes, emitido por el procurador general de la República y publicado el 19 de septiembre, se han hecho ya dos ofrecimientos de ese tipo, uno por diez millones de pesos, relacionado con el acto terrorista de la noche del Grito en Morelia, y otro por medio millón de pesos con miras a recapturar a un presunto secuestrador que escapó de un hospital de la ciudad de México.
Salvo que se recibiera información adicional sobre el caso, no se pagarán los diez millones previstos para recompensar a quien contribuyera a la detención de los perpetradores del atentado del quince de septiembre en la capital michoacana. En medio de la información escueta y confusa con que la Subprocuraduría Especializada en el combate a la Delincuencia Organizada dio cuenta de la detención de tres participantes en ese abominable hecho, quedó claro que la actuación judicial fue movida por una denuncia ciudadana anónima, razón por la cual no hay a quién entregar la cantidad ofrecida. Por lo demás, habría que esperar a que un proceso judicial establezca la responsabilidad de los detenidos, que por ahora están sólo arraigados por un lapso de cuarenta días, término en el cual podrán reunirse o no los elementos que permitan su consignación para ser juzgados.
La recompensa había sido ofrecida “a quien aporte información veraz, útil, eficaz y oportuna que coadyuve eficazmente (sic) a la identificación y localización de los autores y partícipes de los hechos delictivos” mencionados y a su detención. Se estableció que la suma ofrecida no necesariamente sería pagada en su totalidad sino “en proporción a la relevancia y utilidad de la información” entregada, y que en el caso de que más de una persona aportara información, la suma se entregaría a quien lo hiciera en primer término, o en partes iguales si se hubiera hecho simultáneamente.
Ayer se publicó una nueva oferta de recompensa, que hace aparecer una deficiencia en el mecanismo recién establecido. Resulta que con dinero público, es decir de los contribuyentes, se busca remediar un error o, peor aún, un acto de corrupción de un subcomandante y dos miembros de la Agencia Federal de Investigación que incurrieron en “omisiones significativas en la custodia del presunto secuestrador Ángel Cervantes Marín”. Este había sido detenido el sábado, y entonces admitió ante un agente del Ministerio Público adscrito a la SIEDO haber participado en cuatro secuestros, en que le tocaba cuidar a las víctimas en las casas de seguridad respectivas. En la madrugada del domingo, Cervantes Marín se sintió enfermo o fingió que lo estaba, y muy amablemente se ordenó conducirlo al hospital de Xoco, en Coyoacán. Entre los exámenes que se le iban a practicar se incluyó una radiografía, pero aprovechando que la cabina de rayos equis una puerta permitía el acceso a la calle, el presunto delincuente se evadió. Junto a los agentes judiciales el técnico radiólogo que lo atendió fue también consignado. Cisneros Marín tiene 36 años, mide 1.70 metros, es de complexión delgada, cabello negro, tez morena y ostenta un tatuaje de la Santa Muerte en la pantorrilla derecha, que se muestra en una fotografía, junto a la de su rostro de frente y de perfil, incluida en los mensajes en que se ofrece la recompensa de quinientos mil pesos. Si esta cantidad se entregara en algún momento, para que los pagadores de impuestos no resulten aliviando con su dinero la responsabilidad de quienes permitieron la huida del delincuente, cuando se les sentencie deberá establecerse que ellos cubran el monto mencionado.
No es la primera vez que se establece un mecanismo de recompensas para atrapar delincuentes. Por lo menos lo hizo antes el procurador general Daniel Cabeza de Vaca en acuerdo de 30 de enero de 2006 publicado en el Diario Oficial del dos de febrero siguiente. No recuerdo que la medida haya tenido aplicación y si no la tuvo me lo explico por el impráctico y aun riesgoso modo de aportar información que ameritara la recompensa respectiva: “el informante deberá acudir a las instalaciones (de la PGR) y deberá expresar el motivo y objeto de su presencia, exhibiendo su identificación y proporcionando sus datos y su consentimiento para que la entrevista que habrá de sostener se asiente por escrito y se grabe o filme”.
En el acuerdo reciente, en cambio, se prevé dotar de un número de identificación al informante a fin de que se mantenga en reserva su identidad, sin perjuicio de que se pueda establecer comunicación con el informante a través de un número telefónico o un domicilio electrónico. Se pretende garantizar “la plena confidencialidad de las personas que otorguen información a cambio de las recompensas…”
El nuevo acuerdo establece el pago de recompensas periódicas, una suerte de gratificaciones que van de mil a cinco mil pesos con que se pagará a quienes de modo permanente suministren información que “sea útil y eficaz para actividades de inteligencia y contrainteligencia”, “cuando conduzca a la realización de actividades de investigación con resultados positivos”, cuando “sirva para la realización de operativos con resultados positivos en el aseguramiento de… instrumentos, objetos o productos de delitos graves” o para ese mismo género de operativos “que conduzcan a la captura de líderes de organizaciones criminales, la liberación de personas víctimas de secuestro o el desmantelamiento de células de la delincuencia organizada”...
