Las proyecciones económicas realizadas por organismos financieros internacionales para los próximos meses son desalentadoras. Los analistas más optimistas calculan que Estados Unidos, y en consecuencia el resto del mundo, podrá salir de la recesión en no menos de dos o tres años. En todo ese tiempo se espera que la volatilidad que los mercados financieros han manifestado en la segunda mitad de este año, continúe, y que un gran número de fuentes de empleos desaparezca. Incertidumbre y estancamiento parecen ser los factores dominantes en la economía mundial para el cierre de la primera década del siglo.
Este sombrío panorama ha comenzado a preocupar y ocupar ya a los gobiernos. Y no es para menos. Además del desequilibrio social que toda crisis conlleva, está el hecho de que en un entorno económico difícil la captación de los recursos necesarios para la operatividad de las instituciones se torna cada vez más complicada.
Lo anterior obliga a los gobiernos a buscar la manera de recortar sus gastos con el objetivo de evitar caer en situaciones de déficit o endeudamiento excesivo. Es cuando surgen los famosos planes de austeridad que, entre otras cosas, contemplan la reducción de la nómina en la administración pública. En los ayuntamientos de La Laguna, así como en los ejecutivos estatales, ya se proyecta el despido de trabajadores que les permita ahorrar recursos que puedan ser invertidos en programas y obras prioritarias.
El problema en este punto es que la mayoría de los gobiernos aplica recortes a la nómina del personal operativo y deja intacta la lista de asesores y demás individuos a los cuales se les paga por honorarios, lista que, por cierto, rara vez se hace pública. Y no es de extrañar que esto suceda cuando se sabe que esos puestos de “consejeros” son otorgados a amigos o por compromisos adquiridos en campaña.
Pero si las administraciones en realidad quieren hacer frente a los desafíos que la crisis plantea, deben empezar por deshacerse de los gastos onerosos, por lo tanto prescindibles, que el mantenimiento de asesores implica, toda vez que la difícilmente cuantificable labor de éstos impacta mucho menos en la operatividad de los gobiernos y considerablemente más en el erario, que la del personal operativo del que siempre salen los primeros despidos.
