Intenso y difícil, triste como peligroso, el año se fue de largo en su promesa y dejó un legado de incertidumbre.
El combate al narcotráfico, el impacto de la reforma fiscal así como el ajuste en el Gabinete prometían, en enero, el acotamiento del crimen y la violencia, el replanteamiento de las finanzas públicas y el mejoramiento de la operación gubernamental. La promesa, sin embargo, resultó efímera.
Apenas en el segundo mes del año, el bombazo en las inmediaciones de Secretaría de Seguridad Pública (local) advirtió del desborde de la violencia criminal y la neutralización de Juan Camilo Mouriño como operador político hizo una quimera el trabajo coordinado del Gobierno. Luego, meses después, en el colmo de la adversidad, la recesión derrumbó las expectativas económicas.
Así, el segundo año del sexenio estuvo por debajo del primero, aprisionando entre interrogaciones el curso del tercero.
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El recuento del año es la ruta de un problema complejo en extremo. Mes a mes, sobresaltos e inquietudes saturaron la agenda y, en su vértigo, ocultaron el peligro.
El primer trimestre perfilaba un paisaje distinto al que terminó pintando. La captura de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” presentaba a un Gobierno decidido a disminuir la violencia y acotar a los criminales. Decidido también a remontar la atonía política con el nombramiento de Juan Camilo Mouriño en Gobernación.
Febrero, sin embargo, borró esa imagen: el poderoso asesor presidencial se convirtió en el débil secretario de Gobernación. La Oposición lopezobradorista neutralizó al joven campechano marcándolo –a partir del 24 de febrero– como un traficante de influencias. Antes de eso, el día 15 de ese mes, el bombazo cerca del edificio de la Policía metropolitana advirtió del peligro de la violencia indiscriminada. La violencia no sólo tocaba a los narcotraficantes. La buena noticia de esos días fue la aprobación de la reforma judicial.
A lo largo de marzo, el lopezobradorismo mostró su músculo al resistir la reforma petrolera y, en contraste, el Gobierno mostró su debilidad al titubear en relación con ella. Y, en el contrabalance, la izquierda dejó ver su talón de Aquiles en la renovación de su dirigencia. “El chuchinero”, como lo denominó Alejandro Encinas, fue la antesala de lo que probablemente culmine en la fractura del partido del Sol Azteca.
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La tempestad política no cedió en el segundo trimestre.
Al inicio de abril, los perredistas tomaron la tribuna parlamentaria para instalarse en ella a todo lo largo de ese mes, impedir la dictaminación de la reforma petrolera y abrir, ése fue el saldo positivo, el debate de la reforma. Los filos de una crisis constitucional brillaron y el curso de los acontecimientos descuadró el calendario del Gobierno: la Administración lanzó el programa “Vivir mejor” como quien echa un tiro al aire. Se oyó el disparo, pero no se supo dónde pegó.
Mayo trajo una flor con espinas. El Gobierno y la cúpula del sindicato magisterial firmaron la Alianza por la Calidad de la Educación. La nueva prioridad entusiasmó a una porción de la sociedad, pero –como otras iniciativas– no resistió el paso de los días.
Junio colgó un crespón y provocó una crisis en el Gobierno capitalino. La negligencia en el operativo policial realizado en la discoteca New’s Divine, con su estela de muerte, expuso la falta de profesionalismo de la Policía metropolitana. Era el aviso de un asunto mucho más profundo.
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El arranque del segundo semestre dio un respiro al Gobierno Federal, no al capitalino.
Aquel operativo policial en la discoteca obligó a Marcelo Ebrard a realizar dos ajustes: uno, en su Gabinete, remover al secretario de Seguridad y al procurador de Justicia; y, otro, en su relación con el Gobierno Federal, reducir la tensión y la distancia. No era para menos, aquella crisis lo colocó en un serio problema.
Agosto llegó con noticias terribles. El cuerpo muerto del joven secuestrado Fernando Martí puso en pie a la sociedad que, de nuevo, salió a reclamar seguridad. La respuesta fue el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que, pese a su grandilocuencia, arrojó... un acuerdo más. Tres ideas con un denominador común se oyeron ese mes: si no pueden, renuncien; instrumenten la revocación del mandato; e integren un Gobierno compartido con un primer ministro de otro partido.
Esos días tuvo registro un hecho que no alcanzó a dimensionarse: el virtual descabezamiento de la Procuraduría General de la República. Fuera del representante de la cuota panista, Juan de Dios Castro, los demás subprocuradores salieron. La descomposición en las alturas de esa dependencia la sepultaron los decapitados de Yucatán como los ejecutados en La Marquesa.
La desaparición de la liturgia relacionada con el Día del Informe presidencial no causó mayor revuelo. La ocultó el estallido de granadas, el Día de El Grito, en la plaza principal de Morelia. Otra vez, el desbordamiento de la violencia criminal hizo acto de presencia. La muerte de inocentes provocó irritación.
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Octubre ofreció un logro, pero la clase política no supo administrarlo: la aprobación de la reforma petrolera. El lopezobradorismo desconoció su victoria, el calderonismo festejó lo que había perdido y el priismo no supo capitalizar lo que, desde un principio, parecía una rebanada de pastel para él servida.
Quizá no se festejó porque, por esos días, fue menester reconocer el problema económico importado del Norte. No era un “catarrito”. El 8 de octubre, el presidente Felipe Calderón dio a conocer el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo y, entonces, el tema financiero y económico comenzó a dominar el debate.
Noviembre fue triste. El manejo pulcro de las causas del desplome del avión en que viajaba el secretario Juan Camilo Mouriño, y que cayó sobre Las Lomas sembrando muerte, borró la idea del atentado, pero también la del accidente. La negligencia apareció de nuevo en escena. La pena golpeó el ánimo oficial y social.
En medio de esa circunstancia, el balance de los 100 primeros días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad exhibió la falta de compromiso del conjunto de los Poderes de la Unión así como de la Federación con la ciudadanía y, días después, la aparición tras las rejas de altos mandos de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública confirmó una sospecha: esos cuadros servían y protegían no a la ciudadanía sino a la delincuencia.
En diciembre, la entrega de los restos de Silvia Vargas fue un nuevo golpe. La aprobación a nivel reglamentaria de la reforma judicial fue una nueva promesa y la decapitación de integrantes del Ejército a manos del narco, un agravio.
Así, se fue el año.
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La violencia criminal marcó el año a todo lo largo, amenazando con un desbordamiento indiscriminado. La inestabilidad política fue una señal inquietante. Y, luego, la adversidad económica advirtió otro abismo. Lo más asombroso fue, probablemente, la falta del sentido de responsabilidad y unidad de la clase política ante la amenaza que desde distintos flancos se cierne sobre el Estado.
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