En plena sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la bancada de Convergencia pidió el rescate de los cuerpos de los mineros de la mina de Pasta de Conchos, a dos años del derrumbe que los sepultó. (Notimex)
El pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de los 65 trabajadores que murieron hace dos años en la mina Pasta de Conchos y de cuyos cadáveres sólo se han recuperado dos.
Durante la sesión de este martes, los legisladores se manifestaron a favor que continúe el rescate de los cuerpos en la mina ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de los rescatistas.
Al fijar la posición del PRI sobre el tema, el diputado Jericó Abramo Masso lamentó que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha concluido la investigación ni castigado a los culpables, pese a contar con elementos para una consignación y declaración de responsables.
También que la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionara sólo con un año de inhabilitación a cuatro funcionarios federales que tuvieron la responsabilidad de vigilar la aplicación de las medidas de seguridad, y que no cumplieron con ello.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional anunció que su fracción presentará una reforma a la actual ley minera, a fin de hacer más rigurosos los procedimientos de emergencia, las medidas de seguridad e higiene, sanciones más fuertes y una mayor regulación y vigilancia de la actividad.
A su vez, el diputado Juan Manuel Sandoval Murguía, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que fue una tragedia lo que ocurrió en Pasta de Conchos pero también lo es el "manejo político que diversos actores de la sociedad le han dado a un suceso que nos conmueve y que pesa en la conciencia nacional".
Subrayó que igual de trágico es el manejo que ha hecho de éste suceso el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, pues "mucha preocupación y discurso y apoyo, pero en realidad hemos encontrado sólo un mandatario que se caracteriza por diversas circunstancias, una de ellas la tragedia".
A su vez, el diputado perredista, José Antonio Almazán, dijo que a dos años del percance se han presentado "chivos expiatorios" con los que se pretende callar la voz de los familiares de las víctimas.
El legislador presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie a favor de un mayor esfuerzo para el rescate de los cuerpos de los mineros, y que una comisión legislativa acompañe a los familiares a la Secretaría de Gobernación, pero no fue votado.
En tanto, el diputado Pablo Arreola, del Partido del Trabajo, dijo que no se han clarificado las causas de la catástrofe y lo único cierto es que 65 familias se quedaron sin el sostén que significa un jefe de familia, no sólo en lo económico sino también en diversos aspectos de la vida diaria.
