Es un tema clave en esa nación de menos de siete millones de habitantes, en la que el 1% de la población controla el 77% de las tierras cultivables.
Del otro lado del alambrado que rodea una hacienda de tierras fértiles, decenas de campesinos acampan durante semanas en tiendas precarias.
Exigen terrenos del hacendado para cultivar productos y poder alimentar a sus familias. Y si el presidente electo Fernando Lugo no los ayuda a conseguirlos, amenazan como ocupar las tierras, como han hecho miles de peones a lo largo y ancho del país.
“El pueblo paraguayo se está despertando”, afirmó Salomón Ruiz Díaz, de 29 años y uno de los líderes de la movilización.
La reforma agraria es un tema clave en esta nación de menos de siete millones de habitantes, en la que el uno por ciento de la población controla el 77 por ciento de las tierras cultivables, y asoma como el principal reto que enfrenta el presidente electo.
Lugo ganó las elecciones de abril, cuando los paraguayos siguieron la tendencia del resto del continente y dieron un giro a la izquierda, luego de seis décadas de Gobierno del Partido Colorado, de tendencia conservadora.
El triunfo de Lugo, un ex obispo católico barbudo, que usa sandalias y es conocido como el “obispo de los pobres”, le da a Paraguay su primera oportunidad real de encarar el viejo dilema de la tierra.
La forma en que Lugo enfrenta el tema probablemente determine si hace un Gobierno revolucionario de izquierda, siguiendo la huella de Hugo Chávez en Venezuela, o uno moderado y pragmático, como el de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil.
En toda Latinoamérica, la reforma agraria ha sido el grito de batalla de generaciones de líderes populistas, pero sus esfuerzos arrojaron resultados modestos, como en México y Brasil, mientras que en Bolivia el presidente Evo Morales provocó una crisis constitucional con su intención de arrebatar tierras a los grandes hacendados para distribuirlas entre los campesinos, en su mayoría indígenas.
PROPIEDAD DE LA TIERRA
En Paraguay, el segundo país más pobre de Sudamérica detrás de Bolivia, la propiedad de la tierra es fundamental para la supervivencia. El país tiene muy pocas industrias y el 42 por ciento de sus habitantes vive en la pobreza.
La concentración de la tierra en pocas manos se remonta a fines de 1800, a la Guerra de la Triple Alianza, que Paraguay perdió ante Argentina, Brasil y Uruguay. El país quedó destruido y con enormes deudas, y el Gobierno comenzó a vender tierras para salir al paso. Vendió el 95 por ciento de las tierras y las más fértiles fueron para sus aliados, muchos de los cuales las vendieron a su vez a intereses extranjeros.
La privatización se aceleró bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y a comienzos de la década de 1990. Un estudio del Gobierno determinó en 2004 que siete millones de hectáreas estaban en manos de mil 877 personas.
La promesa de una reforma agraria ayudó a Lugo a alcanzar la Presidencia. Ahora habrá qué ver si el mandatario cumple con su palabra. Tras su victoria del 20 de abril hubo decenas de invasiones de tierras, sectores radicales del campesinado quemaron tractores y en algunos casos tomaron rehenes antes de suspender sus protestas.
Se calcula que entre 150 mil y 200 mil campesinos de todo el país están afiliados a agrupaciones rurales y que unos 50 mil acampan ilegalmente en haciendas y granjas de soja.
Lugo, quien asumirá el 15 de agosto, ha logrado mantener un delicado equilibrio. Convenció a la mayoría de los campesinos de que suspendan las invasiones de tierras, prometiendo que el problema del agro será su mayor prioridad. También aseguró a los latifundistas que respetará sus derechos.
Ha evitado la retórica revolucionaria que agravó las tensiones e inquietó a los inversionistas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, afirmando que tanto campesinos como terratenientes tienen intereses que deben ser respetados.
GARANTÍA CONSTITUCIONAL
La Constitución garantiza la propiedad privada, pero también garantiza el derecho de todos los paraguayos de acceder a un pedazo de tierra”, afirmó poco después de ser elegido.
Lugo, quien durante años atendió como pastor las necesidades de campesinos pobres, ha pedido paciencia. Dice que se propone comprar o expropiar tierras abandonadas o adquiridas en forma ilícita, y distribuirlas entre los campesinos, junto a tierras del Estado.
Sus simpatizantes planean un estudio para determinar qué tierras están siendo explotadas, por quién, y qué terrenos pueden ser expropiados y entregados a los campesinos. El proyecto tomará unos dos años y requerirá la colaboración de instituciones extranjeras que ayuden a costear la investigación y la compra de tierras.
Sacar adelante una reforma agraria, no obstante, no será fácil.
Lugo deberá lidiar con una burocracia gubernamental dominada por funcionarios al servicio de ciertos intereses, al tiempo que tendrá que evitar enemistarse con los cultivadores de soja y los ganaderos que mantienen la economía de pie.
Héctor Daniel Cardoso, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, dice que ese organismo tiene un registro de tierras muy anticuado y carece de fondos.
Lugo no ha dado muchos detalles acerca de cómo piensa realizar la reforma agraria. Simplemente prometió préstamos, asistencia técnica y programas para mejorar la educación y la salud, ninguna de las cuales es una iniciativa novedosa.
“Las leyes no son el problema. Es la (falta de) voluntad política” para sacar adelante las reformas, dijo el senador Emilio Camacho, un aliado de Lugo.
“Lugo no es un hombre radical. Es consciente de las grandes injusticias, pero es pragmático”, acotó.
Lugo tiene una tenue mayoría en el Congreso, que debe aprobar las reformas y las expropiaciones. Y los latifundistas podrían poner en duda las expropiaciones ante tribunales dominados por jueces nombrados por el Partido Colorado.
Es previsible que los sectores dominantes permitan una reforma moderada, según Miguel Carter, profesor de la American University especializado en temas agrarios de Sudamérica.
“(La reforma) es una vieja demanda que nunca ha sido satisfecha”, dijo Carter. “Me temo que no va a resultar tan sencillo como algunos piensan”.
Junto a la carretera de Capiibary, la situación está muy clara. Los campesinos acampados escuchan a un joven con una boina como la del “Che” Guevara que les dice que están en su derecho de reclamar tierras fértiles, que deben ser redistribuidas porque no están siendo explotadas o fueron mal habidas.
La hacienda es manejada por José Raimundo Bogarin, quien cultiva soja y tiene un negocio de importación de autos.
Belarmino Balbuena, líder de una organización de campesinos sin tierras, dice que “no hay documentos originales” que permitan determinar si el título de propiedad es legal. Balbuena sostiene que probablemente Bogarin no puede justificar la propiedad de buena parte de sus 40 mil hectáreas y que no debería ser un problema entregar las ocho mil hectáreas que exigen los campesinos.
