El Siglo de Durango
Sí pueden aparecer los nombres y la imagen de los gobernantes en radio y televisión, incluso anunciando obra o actividades propias del Gobierno. La única diferencia es que esto no debe ser pagado, a decir del presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Roberto Herrera Hernández.
ENTRÓ EN VIGOR
Fue durante noviembre del año pasado que se aprobó lo correspondiente a la reforma electoral en la Constitución Política de México, y en esta misma semana lo referente al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), por lo que toda su normativa ya entró en vigor, dijo Herrera Hernández.
En el ambiente político existían ciertas dudas sobre si los funcionarios públicos podrían aparecer en los medios de comunicación, incluso en los medios impresos, sin embargo el Magistrado Presidente del TEE realizó algunas apreciaciones.
Lo referente a las restricciones sobre la propaganda política de los funcionarios se hizo con el espíritu de ahorrar recursos económicos que antes se destinaban a radio y televisión, que obviamente impacta en forma directa a los partidos políticos, su estructura, candidatos, etcétera.
Pero acotó que si se observa ahora los funcionarios públicos tanto del Gobierno del Estado como de las presidencias municipales (en lo local) hacen propaganda de sus acciones y obras pero sin mencionar sus nombres, sin emitir sus imágenes o sus fotografías o su voz, lo cual está permitido.
ESTAR INFORMADOS
“De hecho la difusión de las acciones de Gobierno de cualquier nivel deben ser tomadas como el derecho de la ciudadanía de estar bien informados”, dijo el máximo representante del TEE.
Para el caso de la propaganda que se da en medios impresos ésta no tiene ningún problema, dice el Magistrado, pues tanto gobernantes y partidos políticos podrán aprovechar lo correspondiente a estos espacios.
Precisiones
Algunas apreciaciones sobre la reforma electoral (federal).
· Entre 2008 y 2012 se estima se ahorrarán más de tres mil 500 millones de pesos.
· La Reforma Electoral prohíbe las campañas y mensajes que denigren instituciones, partidos políticos, candidatos o personas.
· Se prohíbe que la propaganda de los poderes públicos de los tres órdenes de Gobierno promueva la imagen, la voz o los nombres de servidores públicos.
· Se eliminan dudas sobre el origen y el destino del dinero de los partidos y candidatos. Se fortalecen las facultades de fiscalización del IFE sobre las finanzas de los partidos.
· Se rompen los secretos bancario, fiduciario y fiscal de los partidos políticos.
· Se pone fin a las campañas adelantadas.
FUENTE: Senado de la República.
