“Habría una gran reforma en la política si la sabiduría pudiera difundirse tan fácil y rápidamente como la tontería”.
Winston Churchill
En un punto hay un acuerdo total. Todos los políticos, de todos los partidos, saben que la situación no puede continuar tal y como está. Necesitamos una reforma petrolera. El problema es definir cuál.
Las reservas probadas de petróleo se están agotando con rapidez, especialmente por la declinación del yacimiento de Cantarell, del cual han vivido Pemex y el Gobierno desde la década de los setenta. En unos cuantos años más, si no cambia la actual tendencia, nos convertiremos en importadores netos de crudo. Pero además ya estamos importando el 40 por ciento de las gasolinas y un porcentaje muy importante de petrolíferos y petroquímicos.
En contraste, la producción de gas ha venido aumentando de manera considerable en la cuenca de Burgos, lo cual ha reducido la importación que realizamos de los Estados Unidos.
Lo que ha sucedido con el gas puede ocurrir con el petróleo crudo, la gasolina, los petrolíferos y los petroquímicos. ¿Qué se requiere? Simplemente inversión. No hay magia. La producción de gas ha aumentado porque se han registrado inversiones muy importantes en la cuenca de Burgos en los últimos años. Se trata, a propósito, de inversión privada, a pesar de lo que señalan las leyes de nuestro país.
¿Debe una reforma energética promover la inversión privada en petróleo, refinación y petroquímica? No necesariamente. Lo importante es que haya inversión y que ésta sea eficiente. El problema es que con las actuales reglas Pemex no cuenta con los recursos para realizar estas inversiones mientras que sus reglas de operación son complejas y dispendiosas.
Las opciones para evitar la crisis energética de México son evidentes. Una de ellas es, por supuesto, abrir por lo menos algunas partes de la industria a la inversión privada. Esto se puede hacer sin ceder la propiedad de los yacimientos petroleros. De hecho, de esta manera operan las industrias petroleras de Canadá, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos e incluso Cuba. En estos países la nación, la provincia o el Estado son propietarios de los hidrocarburos, pero la Iniciativa Privada realiza la explotación física y da una regalía a los gobiernos, que no corren así ningún riesgo: simplemente gozan de un dividendo sin tener que desviar recursos de proyectos sociales a actividades productivas.
Algunas actividades petroleras en nuestro país son candidatas más lógicas para la apertura a la inversión privada. El transporte de gasolina, por ejemplo, se realiza actualmente a través de pipas de Pemex, pero resultaría mucho más eficiente –tanto para la empresa como para el país— si la mayor parte posible se llevara a cabo por medio de ductos. Ésta es una inversión en la que no hay razón para impedir la participación de la Iniciativa Privada. Nada dice la Constitución acerca de mantener para el Estado el transporte de combustibles. Si se abre el transporte, Pemex podría encauzar más recursos a la exploración y explotación de crudo.
Otra actividad en la que debe haber coinversiones con empresas privadas es la extracción de petróleo en aguas profundas. Pemex no tiene ni los recursos ni la tecnología para hacerlo, pero además las empresas internacionales que cuentan con la tecnología no la venden sino que insisten en participar en coinversiones. Lo lógico sería llegar a acuerdos con ellas. De lo contrario, las operaciones del lado estadounidense se acabarán los yacimientos del golfo de México.
Si los mexicanos queremos mantener el actual monopolio de Pemex, será imprescindible dejarle más dinero a la paraestatal. Para ello se requiere de una reforma fiscal de verdad. La que el año pasado hicieron el Gobierno y el Congreso, y que incluyó la introducción del Impuesto Empresarial de Tasa Única, el IETU, es simplemente insuficiente. Habría que aumentar la recaudación gubernamental en cuando menos un 30 o un 40 por ciento para evitar el actual saqueo de Pemex por parte de Hacienda. Pero habrá que ver si algún político se atreve a llevar a cabo esa real reforma fiscal.
Dejarle más recursos a Pemex, sin embargo, no es suficiente. Es indispensable también liberar a la empresa de la camisa de fuerza de la Ley de Obra Pública, la cual hace que se multipliquen los costos de operación de la paraestatal en comparación con los de las empresas privadas.
Esa Ley de Obra Pública, por otra parte, paraliza a cualquier funcionario de la empresa en el momento de firmar un documento. Los ejecutivos de Pemex pueden ser sometidos a acciones legales por acciones que se consideran normales en cualquier empresa privada. Ahí está el caso de Raúl Muñoz Leos. Si realmente queremos que Pemex sea una empresa de clase mundial, no sólo habrá que permitirle mantener los recursos que necesita sino también darle una verdadera autonomía de gestión.
CONFISCACIÓN
Un teniente coronel del Ejército, Fortino Castillo León, murió y tres soldados fueron heridos en un enfrentamiento con sicarios en Uspero, Parácuaro, Michoacán. Después del enfrentamiento, un grupo de miembros del Ejército confiscó las cámaras y grabadoras de los reporteros que llegaron a cubrir el hecho. ¿Por qué? Supuestamente por razones de seguridad. Pero el Ejército debe entender que si va a hacer labores de Policía tiene que aceptar las reglas de la vida civil. Y una de ellas es la libertad de información. La confiscación de instrumentos de trabajo de los reporteros en Michoacán es un abuso y un simple robo.
