El diferendo que interrumpió las sesiones del Congreso de la Unión (en ambas cámaras la de Diputados y la de Senadores) el pasado jueves tiene que ver con la persistencia de una cultura política autoritaria o, al menos, en algunos rasgos fundamentales y la ausencia de instituciones acordes a la nueva realidad política nacional.
La urgencia del presidente y los líderes de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional por desahogar la iniciativa en el presente período de sesiones (concluye el próximo 30 de abril); y, en contrapartida, la ocupación de la tribuna de las dos cámaras por parte de los legisladores del Frente Amplio Progresista son simples manifestaciones de un problema mayor: la práctica de acuerdos cupulares a espaldas de la ciudadanía y la ausencia de una competencia ciudadana indispensable: la negociación y resolución pacífica de conflictos.
En la presente colaboración me ocuparé de la forma de procesar la iniciativa; en colaboraciones posteriores abordaré la propuesta en sí misma. Es simplemente dividir el abordaje de la misma para poder profundizar en ambos aspectos.
Por enésima ocasión reitero: la transición democrática mexicana se encuentra varada porque nadie se da a la tarea de construir la nueva institucionalidad. En lo general (las normas reformadas se ocupan de la distribución del poder entre los líderes de las fracciones parlamentarias) la Ley Orgánica del Congreso de la Unión es la misma que regía la operación de los legisladores durante el régimen autoritario; la normatividad que regula el tratamiento de las iniciativas de reforma a la legislación es la misma del presidencialismo metaconstitucional.
Esto necesariamente tiene que cambiar; hoy, que el Presidente ya no es todopoderoso y que sus propuestas deben negociarse de cara a la Nación, tiene que haber nuevas reglas. Normas que impidan (salvo casos excepcionales y bien estipulados) que asuntos tan trascendentes para la vida nacional, como la reforma a la legislación que regula la operación y administración de Petróleos Mexicanos, puedan aprobarse en quince días y cinco sesiones en ambas cámaras, pues eso es lo que le queda al actual período de sesiones.
Fue una irresponsabilidad del Ejecutivo enviar su iniciativa cuando únicamente faltaban 20 días para concluir el período de sesiones y, sobre todo, pedir que la aprobaran en el mismo. Es una atrocidad que los legisladores del FAP tomen las tribunas de las cámaras para obligar a debatir públicamente el tema. Ambos muestran que siguen atrapados en la cultura política autoritaria y que no cuentan con las vías institucionales adecuadas para procesar sus diferencias.
El presidente no se da cuenta que las iniciativas presidenciales ya no pasan automáticamente y sin modificaciones por el Congreso, que hoy tienen que pasar –al menos— por una discusión en las comisiones correspondientes y el Pleno de ambas cámaras.
Si, como es de esperarse y deseable, no existe un dictamen previamente elaborado sino que éste es producto de un análisis concienzudo de la iniciativa a revisión, las comisiones deben tener el tiempo para revisarla, analizarla, discutirla, recibir las opiniones de expertos y, desde luego, elaborar un dictamen a conciencia. En un tema como el energético no es pensable que una Comisión, sin incluir la discusión en el Pleno, lo haga en semana y media que le resta al actual período de sesiones.
Pero tomar la tribuna antes siquiera de que el tema se presentara al Pleno, sin conocer la propuesta de la Junta de Coordinación Política, que precisamente discutía el asunto en esos momentos, demuestra la falta de civilidad y confianza entre los legisladores, pues temían el albazo. Y, probablemente este temor se basa en la experiencia, pues no hay que olvidar que en noviembre fueron los legisladores blanquiazules los que tomaron la tribuna, con ello le ganaron la partida a los legisladores del FAP y garantizaron el control de las posiciones estratégicas, que permitieron el acceso de Vicente Fox y Felipe Calderón al Pleno de la Cámara de Diputados para celebrar la ceremonia de transmisión de poderes y toma de protesta del nuevo presidente en dicho recinto.
Por lo mismo, desde luego, es importante resolver el asunto particular del camino que seguirá esta iniciativa, pero todavía más es el establecer algunas reglas mínimas que permitan evitar en el futuro este tipo de prácticas, al menos, como primera opción, es decir, establecer rutas lo suficientemente incluyentes, democráticas y transitables que incentiven su uso y, desde luego, siempre habrá imprevistos y situaciones que conduzcan a la adopción de prácticas alternativas, pero deben ser la excepción y no la regla.
Hay muchos ejemplos en las llamadas democracias consolidadas, como las iniciativas de atención preferente que puede enviar el Ejecutivo y las rutas claras, precisas y con tiempos bien definidos establecidos para el procesamiento de las propuestas en el Congreso.
Ya es tiempo de reformar a fondo la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y de establecer nuevas reglas para la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin cambiar de régimen de Gobierno, simplemente asumiendo que hoy el partido del presidente ya no tiene la mayoría en el Congreso y que toda reforma debe discutirse públicamente y de cara a la Nación y no únicamente con los líderes de un (o unos) grupo(s) parlamentario(s) y/o partido(s).
