“La reforma óptima es la reforma imposible”.
Jesús Silva-Herzog Márquez
La primera y buena noticia es que el presidente Felipe Calderón no se dejó atemorizar por las amenazas y presentó su iniciativa de reforma energética. Mala señal habría sido para el país que el presidente no se atreviera a someter al Congreso una iniciativa por temor al costo político.
Otra buena noticia es que, al tener ya una iniciativa concreta, podemos discutir temas específicos. Hasta ahora el debate había sido ideológico y no pragmático.
La iniciativa nos ofrece una reforma light, como muchos la han llamado. La limita el conservadurismo de una clase política que no alcanza a entender que una apertura vigorosa traería mayores beneficios a los mexicanos. Pero se trata de una reforma que tiene posibilidades de ser aprobada en el Congreso. Por eso es positiva.
Andrés Manuel López Obrador y el Frente Amplio Progresista han rechazado la reforma sin pensarlo mucho. Pero eso era inevitable.
La iniciativa busca dar a Pemex una mayor autonomía de gestión. Su consejo de administración, que actualmente incluye a once miembros —seis del Gobierno y cinco del sindicato—, se nutriría con cuatro consejeros profesionales, de los cuales dos serían independientes, esto es, trabajarían de tiempo parcial para la empresa. El comité de transparencia y auditoria tendría a tres de los consejeros profesionales y a los dos independientes. Estos cuatro consejeros profesionales no serían suficientes para dar verdadera autonomía a la empresa, pero cuando menos se trata de un paso en la dirección correcta.
Al nuevo Pemex se le daría una mayor libertad de contratación de deuda. Actualmente es la Secretaría de Hacienda la que maneja el endeudamiento de la empresa, lo cual restringe severamente su capacidad de maniobra. El límite lo establecerá el tope de financiación que apruebe el Congreso en el presupuesto. Dentro de este monto, Pemex podrá actuar con libertad.
Pemex también podrá determinar su estructura organizacional y operativa y crear organismos subsidiarios. Quedará liberado de trámites y autorizaciones intermedios ante la SHCP. Sus actividades sustantivas, por otra parte, no estarán sujetas a la Ley de Obras Públicas. Esto le quitará a Pemex una enorme losa que ahora reduce su eficiencia y aumenta sus costos. Preocupa, sin embargo, que las actividades no sustantivas seguirán estando sujetas a la Ley de Obras Públicas. El tener dos legislaciones distintas que se apliquen a aspectos diferentes de la actividad de una misma empresa puede resultar muy complicado.
Es positivo que Pemex pueda hacer adecuaciones en su presupuesto y emplear hasta el 10 por ciento de sus excedentes sin intervención de la Secretaría de Hacienda (lo ideal sería más del 10 por ciento). Como cualquier empresa en el mundo, los directivos de Pemex deben rendir cuentas por sus resultados y no por el número de clips que se compran en una oficina en particular.
Parece positiva la iniciativa de emitir bonos ciudadanos. Lo ideal habría sido que se colocaran acciones en la bolsa, quizá limitadas a mexicanos, pero esto habría obligado a una modificación de la Constitución que habría sido rechazada por el PRI y el PRD (quieren un Pemex de los mexicanos, pero no propiedad de los mexicanos). El problema de los bonos es que serán nueva deuda para Pemex, aunque la experiencia de los Petrobonos de los ochenta sugiere que no será una deuda considerable.
Es positivo, por otra parte, que se obligue a la Secretaría de Energía a elaborar planes estratégicos de mediano y largo plazo.
El Artículo sexto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional le da a Pemex y a sus organismos subsidiarios la facultad de celebrar contratos de obras y de prestación de servicios siempre y cuando las remuneraciones se hagan en efectivo y no en porcentajes de participación. Esto ya se hace, pero la nueva Ley da fundamento jurídico y certeza a los contratistas y a los funcionarios de Pemex.
No hay nada en la iniciativa que permita las asociaciones con empresas privadas para la exploración o explotación de yacimientos en aguas profundas. Quizá las asociaciones estén ocultas en algún punto de la nueva legislación, pero yo no las he encontrado. Lo único que permitiría la propuesta presidencial sería la realización de contratos con pago en efectivo. Al parecer habrá que pagarles en contante y sonante a quienes busquen nuestro tesorito.
La iniciativa permitiría, sin embargo, la inversión privada en construcción y operación de nuevas refinerías, siempre y cuando el Estado conserve la propiedad del petróleo y sus derivados.
No se trata ciertamente de la mejor reforma posible. Es una iniciativa muy light. Pero quizá pueda ser aprobada por un Congreso que se resiste a todo cambio, porque los legisladores del PRI y del PRD siguen siendo muy conservadores, muy de derecha.
La experiencia nos dice que es mejor una reforma limitada que se apruebe a una reforma excelente que se quede en los basureros de la clase política.
EXIGENCIAS DE AMLO
En una larga entrevista ayer, Andrés Manuel López Obrador me decía que sus exigencias para la reforma son cuatro: (1) luchar contra la corrupción; (2) transferir los excedentes por el alto precio del petróleo a Pemex y no a Hacienda; (3) dar valor agregado a la materia prima (o sea, invertir en refinerías y petroquímicas); y (4) dar capacidad operativa a Pemex. Si realmente esto es lo que quiere, no debería ser imposible lograr un acuerdo y sacar la reforma por unanimidad.
