La Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales que le dan al Congreso la facultad de legislar en materia de delincuencia organizada y secuestro. (Agencia Reforma)
Se espera que en febrero se sumen los 16 votos mínimos de la República que le darían vigencia al decreto.
El combate al secuestro y la delincuencia organizada unió a las bancadas en la Cámara de Diputados que aprobaron ayer, por 351 votos a favor y dos en contra, la adición constitucional que otorga al Congreso la facultad de emitir leyes generales a fin de que se libre la acción coordinada y decidida de todos los Poderes de la Unión contra tales delitos.
Además, en la exposición de motivos de la reforma se hace hincapié en que al elaborar las leyes contra secuestradores y grupos delictivos, los legisladores deben ser cuidadosos de no criminalizar las luchas sociales y de respetar el pacto federal.
Con más de dos tercios de los votos que demanda una reforma constitucional, la reforma salió de San Lázaro y pasó al Senado, y de allí irá al Ejecutivo y luego seguirá un recorrido por las legislaturas de los estados. Se espera que en febrero se sumen los 16 votos mínimos de la República que le darían vigencia al decreto. De inmediato las cámaras tendrán que ponerse a trabajar en las leyes generales, con las cuales los gobiernos federal, estatales y municipales darán la pelea a los secuestradores.
Además, los diputados aprobaron la Miscelánea Penal que les envió el Senado, por 314 votos a favor y 4 en contra, y el decreto correspondiente lo enviaron al Ejecutivo. Con ello, el Congreso cumplió uno de los compromisos de los Cien Días contra la inseguridad pública.
Antes, los ocho grupos parlamentarios dieron su voto a favor de la reforma al artículo 73 Constitucional Fracción XXI, que presentó al pleno el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho, como una respuesta del Congreso a la exigencia nacional de enfrentar el delito de secuestro.
“Contribuirá a contar con un marco jurídico sólido, uniforme, integral y eficiente”, dijo Lariza Montiel Luis (PAN), y resaltó la abrumadora mayoría: “Son tiempos de trabajar por el país”, expresó.
Aleida Alavez Ruiz (PRD) apoyó la reforma pero lamentó que la prevención del delito quedó fuera, mientras que Jorge Mario Lescieur Talavera (PRI) destacó que contra la delincuencia, el Gobierno nunca debe estar solo, sino contar con los gobiernos estatales y locales, como queda establecido en la adición constitucional.
Patricia Castillo Romero (Convergencia) explicó que en el momento actual en México “tenemos miedo”, y vemos padres que investigan el secuestro de sus hijos, plagiarios que respiran impunidad, así como apatía de las autoridades.
Falta mucho por hacer, pero con esta adición a la Constitución “damos un gran paso”, y queda demostrado que la seguridad y la justicia no tienen colores ni partido, sólo el interés de México.
Aprueba Senado Ley de seguridad
El Senado de la República aprobó en lo general la minuta que crea la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), sin embargo, como fue modificada, se regresará a la Cámara de Diputados.
Esta minuta obtuvo 93 votos a favor y dos abstenciones.
De última hora se le realizaron cambios, por lo que se negocia si se devuelve vía la práctica legislativa o sólo con una mención de fe de erratas.
Las reformas que se le hicieron son cuestiones técnicas que no afectan el fondo de este proyecto y están relacionadas con el respeto a los derechos humanos.
El senador panista Alejandro González Alcocer explicó que uno de los cambios fue modificar la redacción del Artículo 41, fracción sexta, que establecía que las obligaciones de todos los policías son obedecer a sus superiores y en caso de que una de las acciones contraviniera el derecho no la deben acatar.
Otra modificación fue al Artículo 152, último párrafo, que establecía que las empresas privadas deberían cumplir con todos los requisitos a nivel federal y local, lo cual contraviene el contenido de la Ley específica de empresas privadas de seguridad.
Lo que la Cámara Alta busca es que se cumpla con los requisitos a nivel federal y sólo se avise al Estado en el que van a operar las empresas y que éstas operen de acuerdo a la Ley en la materia.
