EL UNIVERSAL
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- Alrededor de mil elementos del Ejército y la Policía Federal Preventiva (PFP), patrullan el estado de Baja California, la mitad de ellos se ubica en Tijuana, donde empresarios y la ciudadanía exigieron se pusiera un alto a la ola de secuestros y asesinatos que se han intensificado en las últimas semanas.
El alcalde local, Jorge Ramos Hernández, explicó que la intervención militar y federal es una respuesta a la demanda social, y explicó que además de continuar el operativo Baja California que inició el 3 de enero de 2007, también se apoyarán las acciones que el Gobierno municipal ha emprendido para resolver la situación de inseguridad de esta frontera.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel de la Rosa Anaya, coordinará las acciones junto a las autoridades militares. También se contempla la participación del director de la Policía municipal de Tijuana, el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez en la elaboración de estrategias.
Empresarios calificaron la llegada de militares y federales como positiva, confiaron en que, ahora sí, habrá resultados contundentes contra el crimen organizado.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Alfonso Álvarez Juan, destacó la participación militar y dijo que es un elemento que genera confianza sumado a la coordinación que han demostrado las autoridades de los tres niveles.
Por su parte, el líder de la Cámara de Comercio local, César Cázares Díaz de León, consideró que Tijuana había llegado a una situación crítica, y era posible empeorar. “Tocamos fondo y las autoridades no tenían otra que generar resultados”, dijo el empresario.
Ambos entrevistados coincidieron en que sin estas acciones se corría el riesgo de que inversionistas se retiraran o dejaran de llegar.
