El Senado de la República aprobó el registro de propietarios de teléfonos celulares.
Ricardo Pacheco asegura que se protegerán los datos personales.
Durango. No se cometerán arbitrariedades. Así lo sostiene Ricardo Pacheco Rodríguez una vez que se aprobó en el Senado de la República la iniciativa de ley para generar un registro de teléfonos celulares.
“Esperamos que en la Cámara de Diputados la minuta pase pronto y el registro tendrá que ser obligatorio, así lo manda la ley. Esperamos que en el corto plazo los concesionarios de este servicio atiendan al mandato”, explica.
El ex Secretario General de Gobierno tranquiliza a la ciudadanía respecto al manejo apropiado que se dará a los datos del registro. “Hay un capítulo especial en la propia norma que protege los datos que se obtengan, nadie podrá utilizarlos si no es a petición de una autoridad competente y bajo mandamiento judicial, en el resto de los casos ningún concesionario podrá hacer uso de esta información”, sostiene.
De modo que la información no podrá usarse con fines de comercialización o para hacer directorios públicos.
Líneas. “Los responsables de llevar el registro son los propios concesionarios y aun y cuando la autoridad tiene alguna intervención lo que sí es evidente es que la ley, cumpliéndose como va, no debe atentar contra la información personal de ningún mexicano”, sustenta el cetemista.
En el marco de colaboración que el Senado considera que requiere el Estado Mexicano para enfrentar a la delincuencia, la aprobación de esta ley es un primer paso, a decir de Pacheco Rodríguez. “Seguimos trabajando en otras iniciativas reglamentarias de la reforma constitucional”, asevera.
Citlalli Zoé Sánchez |
El Siglo de Durango
CIFRAS
80,000,000 teléfonos celulares existen en el país, según la información que se dio a conocer en el Senado de la República.
95% de los teléfonos celulares está en el sistema de prepago, donde nadie tiene un control sobre ellos, por lo que son fáciles de usar en actos ilícitos.
10 mil a 100 mil salarios mínimos serán las multas aplicadas a los concesionarios que no cumplan en tiempo y forma con la creación del registro o la entrega de esa información al Ministerio Público que lo requiera.
