El caso del fraccionamiento Cortijo necesita revisarse a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias, dijo Claudia Hernández Espino, diputada.
El Siglo de Durango
“Hay incertidumbre en los propietarios de las casas del fraccionamiento El Cortijo, los terrenos ya están en remate y todavía no se sabe quiénes son los responsables de todo esto”, dijo la diputada Claudia Hernández Espino, presidenta de la Comisión de Vivienda, quien añadió que si es necesario se llamará a comparecer ante el Congreso a las autoridades del Registro Público de la Propiedad (RPP).
Según la Legisladora es innegable la mala fe y el ocultamiento de lo que no es claro en el caso, pues esto data desde el 2004 y afecta a más de 400 familias. El problema se dio a causa de un proceso de embargo entre la fraccionadora D3BN y Desarrollo Rod. La problemática se centra en que la mencionada fraccionadora a pesar del conocimiento del problema judicial continúo vendiendo lotes sin advertir a los dueños.
Lo curioso de lo anterior, según menciona, es que en el libro del RPP hay una anotación marginal, un aviso preventivo y posteriormente en el 2007 se lleva a cabo la formal diligencia de embargo.
POSICIÓN MEDIÁTICA
Según la diputada Maribel Aguilera, los posicionamientos que se han hecho con respecto a la problemática del fraccionamiento El Cortijo, han sido mediáticas, incluso, expuso, que con todo esto se ha confundido a la gente y por eso tienen incertidumbre.
Manifestó que en este sentido es necesario exhortar a las autoridades jurisdiccionales para que resuelvan lo anterior, asimismo hizo lo mismo con las autoridades del Gobierno del Estado y Federal, para que actúen conforme a derecho.
La legisladora Hernández Espino aclaró a su compañera de curul que ella no ha referido ningún tipo de responsabilidad, ni ha señalado a ningún tipo de autoridad. Por el contrario, prefiere que las cosas se investiguen, tal y como lo dijo la Secretaría General de Gobierno, hasta sus últimas consecuencias.
A FAVOR DE INVESTIGACIÓN
Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar, precisó que corresponderá a la Secretaría de la Contraloría definir si hay o no responsabilidades en el caso de Cortijo Residencial, pero añadió que si existe una inquietud ciudadana, se está a favor de una investigación a fondo de la situación.
Colonos del Fraccionamiento Cortijo Residencial en su fase uno y dos, viven en la incertidumbre por saberse dueños de sus casas, luego que compraron lotes y construyeron en un terreno que estaba en litigio entre constructora Rod y Arturo Rosas Solórzano. Problema que involucra por presuntas irregularidades a la Notaría Pública número 1 de esta ciudad y al Registro Público de la Propiedad.
ES SANO PARA EL ESTADO
“Si es muy sano, tanto para la administración (estatal) y para la sociedad en su conjunto, que si hay un señalamiento se haga una investigación y se determine si hay o no elementos para fincar una responsabilidad o no”, manifestó Oliverio Reza.
Explicó que se pidió a la Dirección General de Notarías que está a cargo de Eduardo Campos Rodríguez, que practique una investigación para verificar la actuación del Notario Vicente Guerrero Romero, encargado de la escrituración de los lotes del Cortijo primera y segunda parte.
“Ya estamos ahorita (Sic) registrando todas las escrituras que se hayan hecho con motivo de todas éstas ventas... Seguimos trabajando, nos hemos venido entrevistando con el ingeniero Leonides Rodríguez, gerente de la empresa Rod...hemos hablado también con Arturo Rosas Solórzano, que es el propietario de estos fraccionamientos”.
CONCILIACIÓN, LA SOLUCIÓN
El funcionario estatal indicó que los encuentros que ha sostenido por separado con el constructor Rodríguez y con Arturo Rosas, tienen la finalidad de juntarlos para que tengan una plática y lleguen a un acuerdo entre los dos.
“Nos queda muy claro que ese es un juicio que ya terminó, que es un juicio en el que el gobierno del estado no fue parte, no tiene ningún interés jurídico, aquí el interés de gobierno es buscar la forma de que se garantice a los compradores su propiedad, la que se compró.
“(es la conciliación la única vía) Desafortunadamente y digo desafortunadamente, porque ya a éstas alturas lo que viene siendo el juicio entre las dos partes, Empresa Rod y el fraccionista, ya terminó. Hay un embargo trabado, hay una solicitud precisamente de remate y es precisamente en lo que estamos nosotros platicando”.
