Para los compradores de lotes del fraccionamiento Cortijo Residencial no terminan los problemas.
Investigación: Se detectan acciones fraudulentas y desvío de recursos mediante auditoría que se realiza al Consejo Administrativo
Durango. Se reaviva el conflicto del fraccionamiento Cortijo Residencial, miembros del Consejo Administrativo del complejo habitacional señalan que han sido víctimas de amenazas por defender los derechos de los compradores de buena fe.
El vicepresidente de este Consejo, Adrián Rosas Solórzano, señala que se realizaron algunas auditorías durante la gestión de su hermano Arturo y se detectaron acciones fraudulentas incluso desvío de recursos.
Antecedentes. Desde febrero del presente año se tomó la decisión por parte de la mayoría de los socios accionistas de las empresas Grupo Guadiana, D3BN de México y Desarrollo Cortijo para desconocer a Arturo Rosas Solórzano como administrador y representante.
Posteriormente se procedió a la realización de una auditoría, debido a que el ex administrador se quedó con algunos fondos.
Ilegalidad. Se informó que Arturo vendió los lotes del fraccionamiento a terceros, a sabiendas de que pertenecían a D3BN de México. Por lo anterior se menciona que hubo un engaño a la autoridad municipal por haber ocultado el traslado de dominio a Banorte y haber solicitado permiso para la construcción del fraccionamiento.
Involucrados. Asimismo, se señala que Leónides Rodríguez Sifuentes y su abogado, Alfredo Bracho Barbosa, actuaron de manera inadecuada al haber sacado a remate el bien inmueble con el conocimiento de que no pertenecía a la empresa D3BN.
También en este problema salió a relucir el nombre del notario público Vicente Guerrero, quien según Adrián Rosas actuó en contubernio con su consanguíneo, por haber realizado venta de lotes posteriores al traslado de dominio a favor de Banorte.
Descarta maniobra fraudulenta
Durango. Unos de los implicados en el problema del Cortijo Residencial es el notario público Vicente Guerrero, quien descartó su participación en supuestas maniobras fraudulentas, asimismo que las propiedades de las personas que viven en este lugar estén en peligro.
Indicó que todo el problema forma parte de un malentendido, existe una falta de interpretación de la ley al mencionar que el contrato que se pretendió realizar con la institución Banorte no tiene algún efecto, y por consiguiente los compradores pueden estar tranquilos.
Asimismo el gobernador Ismael Hernández al ser cuestionado sobre el tema se mostró confiado en que pronto se pueda dar una solución a este problema.
