A pesar de la buena prensa con que contaba, y no obstante el aval que le extendió su jefe, el del Gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard, el ingeniero Joel Ortega fue removido de la Secretaría de Seguridad Pública. La demora de esa decisión es enteramente atribuible a él mismo, no a quien tuvo que desplazarlo, que había hecho depender ese movimiento del informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y lo ejecutó en la misma mañana en que conoció tal documento. Ortega debió renunciar, motu proprio, apenas consumada la tragedia. Pero no alcanzó a comprender la dimensión del acontecimiento en que murieron doce personas.
Al contrario, lo redujo a una dimensión burocrática y lo centró en su propia suerte. “No voy a permitir que un hecho como éste empañe una trayectoria en la que he actuado siempre con honestidad y verdad”, dijo dos días después del “operativo” realizado principalmente por personal de la secretaría a su cargo. Aun la trayectoria de un estadista hubiera sido anulada por un desastre generado por una política de persecución a los jóvenes, cuanto más la de un servidor público de mediano nivel que tenía más futuro qué ambicionar que pasado del cual ufanarse.
Resuelto a no irse, para lo cual acaso invocó los deberes de la pertenencia a un grupo, debió ser despedido ante las conclusiones del informe del Defensor del pueblo, como tendríamos que llamar a quien por inercia denominamos ombudsman. De no haber actuado como lo hizo, y tan inmediatamente, Ebrard hubiera incurrido en una irresponsabilidad ética y política que ameritaría la petición pública de su propia renuncia. Al pedir la de Ortega, que no equivalió a hundirlo para salvarse él, Ebrard honró su compromiso con quienes lo eligieron hace dos años, los ciudadanos del Distrito Federal.
El jefe del Gobierno capitalino tuvo que retirar también al procurador de Justicia, Rodolfo Félix. Aunque en el informe de la CDHDF quedan claras las disfunciones del Ministerio Público y de agentes de la Policía Judicial, que son atribuibles en último término a quien encabeza esas instituciones, el procurador incurrió en la tentación de sesgar los informes públicos que ofreció en las semanas siguientes a la tragedia con el sello de la rivalidad burocrática que lo enfrentaba a Ortega, y que se había intentado superar con la Unipol, engendro antijurídico que debe ser suspendido. Como ocurre con la fusión de hecho entre la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva, el mando único sobre la Policía Preventiva de la Ciudad de México y la Policía Judicial implica violaciones a la legalidad, porque las funciones de uno y otros cuerpos, diversas por naturaleza, están regidas por ordenamientos que no han sido modificados.
A diferencia de Ortega, que pretendía ser dueño de una trayectoria que no debía ser empañada por una tragedia que produjo doce muertos y multitud de lesionados y detenidos sin orden judicial, Félix carecía de pasado en la Administración Pública. Había mostrado a Ebrard su pericia como abogado en la coyuntura en que el ahora jefe de Gobierno fue acusado a causa del linchamiento de dos agentes federales en Tláhuac. Por eso ingresó al servicio público del que se ha ido tempranamente y en el que había tenido desencuentros con personal dedicado de antiguo a la procuración de justicia, como Guillermo Zayas, quien prefirió irse al desempleo por incompatibilidad con Félix. De su forzado retiro fue recuperado por Ortega, quien le dio mando policiaco y luego, a través de Unipol, lo hizo jefe de antiguos compañeros suyos de la Procuraduría.
Sustituirán a los defenestrados funcionarios bien calificados, de quienes se espera tengan los atributos para reconstruir las dependencias que encabezarán, pues las renuncias de sus antecesores no son el punto final de una coyuntura sino al contrario el comienzo de una nueva política y nuevas actitudes y comportamientos institucionales. Miguel Ángel Mancera era ya uno de los subprocuradores y tendrá, por lo tanto, que ejercer la dialéctica de continuidad y cambio requerida en esta hora crítica.
Manuel Mondragón y Kalb era secretario de Salud y queda en espera de que el presidente de la República lo nombre secretario de seguridad pública. Es, por la pluralidad de sus destrezas y formación, un funcionario singular. Como deportista que fue (karateca con el mayor grado) se desempeñó como funcionario de alto nivel en ese terreno, hasta ser subsecretario del Deporte en la Secretaría de Educación Pública, con Fernando Solana. Fue también subsecretario Forestal y de la Fauna y, a partir de su interés en combatir las adicciones, se especializó en la participación social, actividad que promovió en las procuradurías capitalina y federal. En esa misma línea fue subsecretario con Ebrard cuando éste desempeñó la Secretaría de Seguridad Pública. En la Secretaría de Salud fue crucial su contribución a la puesta en práctica de las medidas que despenalizaron la interrupción del embarazo hasta la duodécima semana.
El aparente o real pasmo padecido por Ebrard ante la crisis iniciada el veinte de junio ha sido superado más que con las renuncias de sus colaboradores en entredicho con la designación de los reemplazantes. Ya ha sido cursada, de la Secretaría de Gobierno del DF a la Secretaría de Gobernación la propuesta de Mondragón y Kalb en sustitución de Ortega. Se preserva de ese modo la actitud política de Ebrard frente a Calderón y no por ello deja de acatarse la Ley.
