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Responsabilidad compartida

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Luis F. Salazar Woolfolk

El aumento creciente de la inseguridad en el país, ha generado en las últimas semanas cierta reacción en una sociedad paralizada ante la amenaza del crimen organizado y la incapacidad de todos los niveles de Gobierno para acometer una solución al respecto.

El reclamo que encabeza la asociación México Unido Contra la Delincuencia y secundan Coparmex y otros organismos intermedios de la sociedad civil, ha puesto énfasis en la necesidad de reconocer que la seguridad pública es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales del país sin excepción.

Lo anterior es importante para detener de una vez por todas la insana tendencia de nuestros políticos que instalados en tal o cual posición de Gobierno, suelen eludir el cumplimiento de sus obligaciones inherentes al tema que nos ocupa o a cualquiera otro, descargando su responsabilidad en otras instancias de Gobierno, que por lo general ocupan sus adversarios provenientes de partidos políticos distintos al propio, lo que genera un juego perverso de “aventarse la pelota” entre uno y otro de los niveles de Gobierno o entre una u otra de las dependencias de un mismo nivel de Gobierno.

Así las cosas, resulta que el sistema de participación plural y de división y equilibrios tanto de poderes como funciones que caracterizan a todo sistema democrático, en el caso de México deviene en fracaso, porque se aprovecha como oportunidad para atizar conflictos y sobre todo para eludir la responsabilidad de cada cual y ver la paja en el ojo ajeno mientras se ignora la viga en el propio.

La Presidencia Imperial que fue signo de los tiempos en el pasado reciente de nuestro país se caracterizaba por el ejerció absoluto del poder en manos del presidente de la República, que como tal era jefe del Estado y del Gobierno y además líder informal del partido en el poder.

Como consecuencia la división de poderes era letra muerta y los niveles de Gobierno estaban diluidos por un centralismo absoluto en virtud del cual el nivel federal de Gobierno avasallaba a los Gobiernos estatales y municipales pasando por encima de sus atribuciones legales, lo que hacía de nuestro sistema una verdadera monarquía sexenal, como fue definida por Daniel Cossío Villegas.

La alternancia en el ejercicio del poder que llegó con las elecciones del año dos mil nos hizo esperar una reforma de Estado cuya postergación es fruto del desacuerdo constante de las fuerzas políticas nacionales, que detienen en ese tema y en muchos otros el avance hacia la democracia plena.

Las pocas políticas públicas que se han podido instrumentar para descentralizar adecuadamente funciones y recursos del Poder Ejecutivo Federal en estados y municipios, se estrellan constantemente en una oposición empeñada en que el Gobierno en turno fracase, lo que dificulta enfrentar de manera adecuada al crimen eventual u organizado.

Ejemplos abundantes de lo anterior ofrecen Gobiernos estatales y municipales, que llegan al extremo de rehusar la asignación de recursos federales en el rubro de seguridad, con tal de eludir los esfuerzos que requiere homologar los sistemas policiacos conforme a estándares de calidad y exigencia, que simple y sencillamente tales Gobiernos se niegan a instrumentar, como ocurre en el caso del alcalde de Gómez Palacio que asumió públicamente esa postura en fecha reciente.

Otro tanto ocurre en la otra orilla del Río Nazas, en la que el pleito entre el actual Gobernador de Coahuila y el Alcalde de Torreón, ha dado al traste con los resultados en materia de seguridad pública obtenidos en diez años de colaboración entre ambos niveles de Gobierno, que se lograron en el esquema de un fideicomiso en el que participaba la sociedad civil, del que hoy sólo quedan sus restos.

El reclamo del momento es claro y pide a los políticos que supediten sus intereses de partido a los intereses de la sociedad a la que gobiernan y del Gobierno al que representan y asuman el ejercicio de las funciones que les correspondan conforme a los cargos de autoridad que ocupan y los recursos que administran, en aras del bien común de la sociedad.

Correo electrónico: lfsalazarw@prodigy.net.mx

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