El escolta de Fernando Martí, Christian Salmones Flores, a quien la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reportó como muerto, en realidad sobrevivió al ataque de los secuestradores y es ahora testigo clave.
El sobreviviente ha declarado los pormenores de cómo ocurrió el secuestro, a principios de junio.
Cuando lo encontraron, Salmones sólo presentaba heridas, pero por conveniencia, la PGJDF decidió anunciar que estaba muerto.
Cuando aún se recuperaba de las lesiones por la golpiza recibida por los secuestradores, Salmones Flores declaró ante el Ministerio Público que el día del plagio del menor se dirigían a la escuela cuando un retén policiaco con al menos quince hombres uniformados de azul les marcaron el alto y los llevaron a una casa de seguridad.
La Procuraduría había reportado que el escolta Cristhian había corrido la misma suerte que el chofer de la familia, Jorge Palma Lemus, quien apareció muerto en un vehículo abandonado en la calle de Erasmo Castellano, en la colonia Centinela de Coyoacán, el 5 de junio de 2008.
Sin embargo, Cristhian sobrevivió a la golpiza.
El escolta relató, entre otras cosas, que ese día iban en el auto BMW en el que cotidianamente trasladaban al menor al colegio. Fernando estaba en el asiento trasero, el chofer al volante y él en el asiento del copiloto.
Los bajaron a los tres. El 5 de mayo ambos fueron golpeados y luego los metieron a un Corsa gris, placas 614 THL, que por cierto fue robado con violencia el 14 de mayo en la colonia Jardín Balbuena, en la delegación Venustiano Carranza.
La Procuraduría documentó que la banda que secuestró y asesinó a Fernando Martí Haik está integrada por policías de varias corporaciones del país, y que utilizan sus cargos para obtener información privilegiada y escoger a sus víctimas.
Según el expediente del caso, las autoridades judiciales capitalinas lograron sustentar que el asesinato de Fernando Martí es un caso de delincuencia organizada, y que los dos policías detenidos hasta ahora como probables responsables forman parte de una red criminal. Ambos agentes judiciales y un vendedor de celulares están arraigados.
La investigación de la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones de la Procuraduría del DF detalla que los policías obtienen información de primera mano de las bases de datos, acerca de los domicilios, centros de trabajo y actividades de sus probables víctimas, a quienes llaman por teléfono para atemorizarlas haciéndoles saber que conocen sus movimientos.
