La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de “gobernabilidad” que habían suscrito los ocho consejeros del IFE en busca de respetar la dirección, las reglas de trabajo, toma de decisiones y acuerdos en tanto se designan a los tres nuevos integrantes del Consejo General. (Archivo)
Avalan magistrados atribuciones de Albo como presidente del Consejo General.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de “gobernabilidad” que habían suscrito los ocho consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) en busca de respetar la dirección, las reglas de trabajo, toma de decisiones y acuerdos en tanto se designan a los tres nuevos integrantes del Consejo General.
A solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la Sala Superior del órgano jurisdiccional determinó que los consejeros electorales actuaron al margen de la constitucionalidad y la legalidad electorales al conformar el llamado “G8”, que surgió tras la dimisión del ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.
La sentencia del Tribunal establece que la aprobación de dicho acuerdo, efectuado el 16 de diciembre de 2007, se suscribió sin que los Consejeros tuvieran las facultades para ello, además de que crearon un órgano que resulta paralelo al Consejo General.
El consejero presidente provisional del IFE, Andrés Albo, indicó que el Instituto respetará de manera estricta las determinaciones del TEPJF. Ratificó: “El Instituto, al menos bajo mi presidencia, no estará para discutir o mentar las resoluciones sino para acatarlas”, asentó.
Dijo que el IFE revisará la sentencia y que la acatará. Declinó responder si en realidad los consejeros incurrieron en una ilegalidad, pero deslizó que “el reglamento es muy claro”.
Con esa decisión –que invalida invalidó los 10 puntos del acuerdo para dar estabilidad y gobernabilidad a la institución- el IFE regresa a la misma situación que prevalecía inmediatamente después de la dimisión de Ugalde en espera de los tres nuevos consejeros.
Así pues, la Sala Superior resolvió que el documento “Compromisos asumidos por los consejeros electorales para respetar las reglas básicas de trabajo, dirección, toma de decisiones y acuerdos”, crea un órgano al margen de la ley, equiparable al Consejo General.
En el marco del proyecto del magistrado Manuel González Oropeza, se estableció:
“Están actuando al margen de la constitucionalidad y legalidad electorales. Los consejeros electorales no se condujeron de acuerdo con el principio de legalidad, toda vez que el denominado Grupo de ocho está al margen de la regulación constitucional y legal en materia electoral”.
En otro asunto, el Tribunal exhortó al IFE a que por medio del Registro Federal de Electores atienda las solicitudes de expedición de credenciales de manera oportuna para disminuir los juicios ciudadanos ante este órgano jurisdiccional.
La magistrada presidenta, María del Carmen Alanis, señaló que es importante que el RFE tome las medidas pertinentes, incluso la modificación de sus procedimientos, para que disminuya la negativa de expedición de credenciales.
Lo anterior en respuesta a la decisión del Tribunal de ordenar al RFE expedir la credencial de elector, en un plazo de cinco días, a Roberto Rico, Dulce Karina Mallorquín y a Miguel Ashane, e incluirlos en la Lista Nominal de Electores para que puedan sufragar en los comicios locales de Hidalgo y Baja California Sur, a efectuarse en febrero próximo.
El Tribunal también ordenó al IFE dejar sin efecto la orden de inicio de los procedimientos oficiosos en contra del PT para investigar la procedencia de promocionales en radio y televisión que no fueron reportados durante el Proceso Electoral 2005-2006.
Los Magistrados consideraron que el partido no tuvo acceso a la documentación derivada del cruce de información generada por la empresa IBOPE y la contenida en el informe que reportó la Coalición Por el Bien de Todos, lo cual fue una violación a la garantía de audiencia.
Critican reforma radiodifusores
La Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR) cuestionó ayer a senadores mexicanos por la reforma constitucional que impide a los partidos o candidatos comprar espacios en medios electrónicos para campañas electorales.
Luis Pardo, presidente de AIR, consideró que los medios no tienen por qué pagar consecuencias de la falta de transparencia de los partidos en el manejo de gasto electoral.
“Por un tema de ética, de principios, de lo que la sociedad espera de los políticos, lo razonable, es que la gestión política y de sus recursos fuera lo más transparente de cara a la sociedad, y no buscar en terceros, como son los medios, la prohibición de esa necesidad de la sociedad que es saber sobre el candidato”, dijo el empresario chileno.
Durante la reunión con el grupo de trabajo que revisa la legislación sobre radio, televisión y telecomunicaciones, Pardo respondió al senador Pablo Gómez, quien presumió que la reforma electoral aprobada por el Congreso garantiza equidad y transparencia al restringir la compra de espacios.
“La pregunta que yo me hago es: ¿era la forma correcta de castigar a los medios respecto del uso o del abuso del factor dinero en la contienda electoral?
“Hay otros mecanismos en la legislación internacional en materia de transparencia que da efectividad en materia electoral. No tengo tan claro que el camino que eligió soberanamente México sea el correcto. Por lo que usted señala muestra que en la práctica no es la forma más adecuada”, argumentó Pardo.
Los nueve integrantes de la AIR -que representa a 17 mil emisoras privadas en el mundo- coincidieron que en el exterior la autorregulación de los medios para trasmitir desde campañas sucias hasta programas de violencia o sexualidad, sí funciona, por lo que en México las autoridades deberían analizar por qué no opera.
