Pasado mañana sesionará el Consejo general del IFE en un momento importante de su transición. Deberá acordar como cumplir las obligaciones que le impone la nueva legislación de su competencia (particularmente en materia de radio y televisión) con sólo la cuarta parte de los recursos adicionales que solicitó a la secretaría de Hacienda, que el órgano electoral cifró inicialmente en 1,400 millones de pesos. Se dará por concluida la actuación de tres miembros del consejo, Teresa González Luna, Lourdes López y Andrés Albo, que al día siguiente serán reemplazados por María Macarita González, Francisco Xavier Guerrero y Alfredo Figueroa. Y deberá emitirse una nueva resolución sobre el registro del partido Rumbo a la democracia.
El 27 de junio pasado el IFE negó el registro como partido a la agrupación política del mismo nombre, que presuntamente había satisfecho los requisitos para esa conversión. El argumento principal del consejo fue la infracción al artículo 41 constitucional (base I, segundo párrafo) que prohíbe “la intervención de organizaciones gremiales…en la creación de partidos políticos”, que deben ser formados por ciudadanos que se afilien “libre y democráticamente a ellos”, por lo que también se prohíbe “cualquier forma de afiliación corporativa”. Debe recordarse que estas prohibiciones fueron un triunfo de la oposición al PRI, que durante décadas estuvo integrado (y alimentado financieramente) por las mayores centrales, los principales sindicatos y otras agrupaciones sociales, cuyos miembros lo eran automáticamente del partido gubernamental sin que necesariamente estuvieran enterados de su afiliación. Los miembros de las cooperativas (yo mismo en los años setenta, como trabajador de Excelsior) estaban por la ley del ramo a pertenecer a una federación regional y por actividad, que se agrupaban a su vez en la Confederación Nacional Cooperativa, que además de representar a quienes participaban de esa forma de organización laboral-empresarial, era parte de la Confederación Nacional del Organizaciones Populares, el sector popular priista.
El IFE actualizó en el caso de Rumbo a la democracia la prohibición constitucional basado en el hecho de que dos Rodolfo Bastida, padre e hijo, de apellidos maternos Marín y Mendoza, respectivamente, al mismo tiempo que encabezaban la agrupación solicitante del registro como partido son dirigentes de sindicatos de la construcción y del transporte. Agrego por mi parte que Bastida Marín no se recataba en alimentar la presunción de que sus representados sindicalmente contarían con su propio instrumento político. El once de marzo dijo sin tapujos a la agencia noticiosa del Estado mexicano, Notimex, que Rumbo a la democracia estaría compuesto por “albañiles, terraceros y transportistas” e insistió en que “tendría sus bases en los trabajadores de la construcción, particularmente en los albañiles y los que laboran en unidades económicas de servicio de reparación y mantenimiento de casas y edificios”.
Los Bastida y otros miembros de sus organizaciones acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el fallo de los consejeros electorales, y la sala superior les dio la razón. Revocó la resolución que negó el registro y ordenó formularla de nuevo llegando a la exhaustividad en las causas alegadas. El consejo del IFE no quedó obligado a otorgar la patente, y puede reiterar su rechazo al nuevo partido, agotando los argumentos en pro de su postura inicial.
Por cuatro votos (incluido el de su presidenta) contra dos, el Tribunal Electoral negó la razón al IFE, argumentando que la simultaneidad de liderazgos en los sindicatos y el partido no necesariamente hablaba de afiliación corporativa: “resulta indispensable …que se acredite, de manera fehaciente, la realización de actos concretos a través de los cuales, en ejercicio de su capacidad de mando en el sindicato, se pretenda influir o presionar a los agremiados para que se unan al partido que se pretende registrar”. El angelismo de los magistrados que votaron esa resolución se reitera al reprochar al IFE que no acredite “así sea indiciariamente, el grado de influencia y la forma de ejercerla que tienen los dirigentes sindicales en cuestión, como podrían ser documentos en los que conste que los dirigentes tienen a su alcance instrumentos de coacción sobre los demás miembros…”.
Votaron contra esa resolución los magistrados Constancio Carrasco Deza y Manuel González Oropeza. Este último, en su voto particular, encuentra que “hay un conflicto de intereses cuando un líder de dos sindicatos participa en la formación de un partido político. La contratación de trabajadores, la afiliación en un nuevo partido y las condiciones laborales de transportistas y trabajadores de la construcción se confunden por la identidad del presidente del partido político…”.
Es de esperarse que el IFE niegue de nuevo el registro al partido de Bastida, cuyo carácter patrimonialista queda evidente en la presencia de padre e hijo en los cargos principales, como si se tratara de una empresa familiar. Bastida se ha hecho lamentablemente famoso porque blandiendo un testamento y títulos de propiedad del siglo XIX intimida a fraccionadotes y propietarios del antiguo rancho Jesús del Monte, en Huixquilucan. Al poner en duda la legalidad de los documentos contemporáneos y resolverla mediante la obtención de dinero, Bastida saca provecho del crecimiento salvaje de ese municipio conurbado al DF.
