Tuvo que suceder la amarga tragedia de un joven de 14 años en el Distrito Federal para que los políticos, sociedad y medios de comunicación de la capital azteca se dieran cuenta del desastre y la corrupción que vive México en materia de seguridad.
El secuestro y posterior ejecución de Fernando Martí, hijo del expropietario de la firma Deportes Martí, levantó una ola de indignación pocas veces vista.
Peor todavía porque quedó clara evidencia de que el secuestro fue dirigido por jefes policiacos que son contratados y pagados con los impuestos de los mexicanos.
Lamentablemente fue necesario un crimen de tal tamaño para que los capitalinos hicieran conciencia de un mal que sufre el resto del país desde hace varios años, especialmente en la frontera Norte y en estados violentos como Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Hace largo tiempo que en el interior del país se registran secuestros en donde en muchas ocasiones las víctimas son sacrificadas por sus captores.
Hace largo tiempo que existen pruebas fehacientes de que en estos plagios participan jefes y agentes policiacos en calidad de protectores o de autores directos.
Hace largo tiempo que las autoridades locales enfrentan estos delitos sin que puedan erradicarlos en buena medida por la falta de apoyo federal.
Hace largo tiempo que muchas familias han pagado jugosos rescates y otras han perdido a sus seres queridos sin que se castigue a los culpables.
Los secuestros son delitos del fuero común y por lo mismo son atendidos y procesados por las autoridades estatales.
Pero los secuestradores utilizan armas de alto calibre, contactos a nivel nacional e internacional, sistemas sofisticados de comunicación y en muchas ocasiones la complicidad de las autoridades para llevar a cabo sus fechorías.
A todo lo anterior deben enfrentarse las autoridades estatales quienes no cuentan con el armamento adecuado ni la capacitación para enfrentar a las mafias del secuestro que integran toda una industria con ingresos anuales calculados en 200 millones de dólares.
Atemorizados por el caso Martí y presionados por la sociedad capitalina, los diputados y senadores se pusieron de inmediato a proponer leyes y acuerdos supuestamente para acabar con el delito del secuestro.
Algunos llegan al extremo de revivir la pena de muerte y otros hablan de aumentar las sentencias para quienes cometan el delito del secuestro.
Pero pocos piensan en la dinámica del secuestro y en su red de operación. Por ejemplo en la facilidad que existe en México para mover grandes sumas de billetes sin que ninguna autoridad sea enterada.
En otros países al cometerse un secuestro se “congelan” las cuentas bancarias de la víctima y sus familiares. Esto hace que un plagio sea complicado y poco redituable porque resulta muy difícil para un familiar obtener el dinero para el rescate.
Además el secuestro por Ley debe reportarse a la autoridad federal quien se hace cargo del seguimiento del secuestro e incluso de las negociaciones con personal capacitado.
Todo esto vuelve difícil que se establezcan nexos de corrupción de autoridades con las mafias locales, aunque a decir verdad en México nada es imposible.
Los secuestros, ya lo hemos dicho en anteriores artículos, es uno de los delitos más infames y por lo mismo requiere ser erradicado en todo el territorio mexicano.
Pero antes hay que modificar la ley para federalizar esta acción y para que el aparato de justicia y seguridad de México ponga en su lugar a tantos malandrines que han hecho del secuestro su modus vivendi.
¿Actuarán ahora sí los legisladores y el Gobierno Federal mexicano? Al menos para que el sacrificio de Fernando y el dolor de sus familiares no hayan sido en vano.
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