Los ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) salieron ayer de vacaciones y se “olvidaron” de resolver sobre la Controversia Constitucional 035/2007 interpuesta por el Municipio de Torreón el 24 de abril de 2007, por violación a la autonomía, contra el Gobierno del Estado de Coahuila y el Poder Legislativo por la creación de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna (SDRL).
Ahora será, al parecer, hasta agosto cuando se reanuden las sesiones en el Tribunal Judicial cuando se conozca si en la agenda de asuntos, se anota la resolución de la controversia mencionada.
Ayer el alcalde José Ángel Pérez declaró desconocer por qué se llegó el periodo vacacional sin que se resolviera al respecto. Informó que de la SCJN les informaron que sería hasta en agosto que se resolviera al respecto por lo que expresó que “vamos a esperar, puesto que son los tiempos que ellos marquen”.
Hace casi un mes y medio que la SCJN anunció que dentro de 10 días (16 de Junio) se resolvería el destino de la SDRL, ya que los ministros que integran el pleno iniciaron el análisis y la discusión de fondo del tema, pero no concluyeron la resolución del caso y por lo tanto, no votaron.
En ese entonces, Rodolfo Walss Aurioles, secretario del Ayuntamiento, declaró que los ministros votarán respecto a la permanencia de la SDRL, pero de dejarla operando en Torreón, “deberán establecerse mecanismos de coordinación que seguirá con el Municipio y en el entendido de que nosotros queremos coordinarnos, no imponernos”.
Para interponer la Controversia Constitucional, el Municipio se basó en el Artículo 115 constitucional. Considera además que la SDRL es una autoridad intermedia con el Gobierno del Estado.
Por eso el 24 de abril de 2007, el Municipio promovió una controversia contra los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, la cual quedó registrada en la SCJN bajo el expediente 35/2007.
En su demanda, el Municipio impugnó diversos actos que atribuyó al Estado y a la Secretaría de Desarrollo Regional como la realización de obras de infraestructura, pavimentación y formación de comités vecinales, sin coordinarse con el Municipio.