En esta Administración el Gobierno de México ha logrado impedir que 80 mexicanos hayan sido sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos, mientras que en el país el debate sobre la aplicación de la pena de muerte ha resurgido.
A contracorriente de la iniciativa del Gobierno de Coahuila para aplicar esta sanción a secuestradores, como parte de su política exterior, el Gobierno Federal ha emprendido gestiones jurídicas ante los tribunales estadounidenses, que permitieron que tan sólo este año se excluyera a 55 reos mexicanos de la lista de ejecuciones.
Aunque las historias de mexicanos que han encontrado la muerte en Estados Unidos, tras ser sentenciados por delitos graves en los juzgados de ese país, como la de José Ernesto Medellín -quien murió por inyección letal en agosto pasado, después de esperar 14 años su ejecución-, podrían incrementarse.
De acuerdo con informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), si bien el Gobierno Federal ha impedido durante esta Administración la muerte de 80 mexicanos por penas inusitadas, en este mismo periodo 73 presos en cárceles estadounidenses se han sumado a la lista de delincuentes que al concluir sus procesos podrían ser sentenciados a morir por los delitos que se les imputan, sobre todo homicidios y ataques sexuales.
El documento de la Cancillería señala que actualmente, en el marco del Programa de Asesorías Jurídicas a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte, se atienden 56 casos de connacionales condenados a la pena capital, además de 135 reos que enfrentan procesos judiciales que podrían derivar en una sentencia de este tipo.
Un grupo de 142 abogados, contratados por ser especialistas en las distintas ramas del Derecho en Estados Unidos, participa en estos procesos como parte del Programa de Asesorías Legales Externas; son 20 profesionistas más de los que había en 2007.
Sin embargo, la respuesta de los tribunales estadounidenses no siempre se traduce en el éxito de las gestiones legales del Gobierno Federal, el caso más reciente es el del mexicano Miguel Padilla, de 27 años, condenado a la pena de muerte por asesinar a tiros a tres hombres en agosto de 2005.
En octubre pasado la Corte Suprema de Pensilvania decidió que México no tiene derecho a apelar su sentencia de pena capital y con ello frenó cualquier otro recurso legal a favor del reo.
Casos que se suman a los de Virgilio Maldonado, Édgar Tamayo y César Fierro, quienes están condenados a muerte, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó que Texas no está obligado a obedecer un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que ordenó la revisión de sus expedientes penales ante las presuntas irregularidades que existen en sus procesos.
