En los últimos 15 años ninguna mujer ha sido encarcelada por interrumpir un embarazo que no deseaba.
En la práctica, el aborto está despenalizado, por lo menos en los últimos 15 años.
En ese lapso no hay registro en el país de mujer alguna que haya sido encarcelada por interrumpir un embarazo que no deseaba, según informes de tribunales y procuradurías estatales.
Hace cinco años, María se embarazó por tercera ocasión; recién separada de su esposo, sin trabajo y un bebé de brazos, no quería una responsabilidad más.
Así lo hizo saber a su mejor amiga, quien sin pensar en las consecuencias, de inmediato comenzó a golpearle el vientre hasta hacerla abortar.
“Llegué a un hospital público muy mal, estuve al borde de la muerte. No le reproché nada a ella; por supuesto, no la denuncié, porque lo hizo al comprender mi desesperación”, recuerda María.
A ninguna de las dos se le inició averiguación alguna a pesar de que entonces en la Ciudad de México no estaba permitida la interrupción del embarazo antes del tercer mes.
La causa principal de que no se castigue ese acto, considerado un delito en 30 estados del país (excepto en el Distrito Federal y Yucatán), es que no se denuncia porque la sociedad no lo rechaza como en otras décadas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, Emilio Álvarez Icaza, menciona que no hay interés por sancionar a quien enfrenta ese hecho, triste en sí mismo.
“Casi nadie denuncia a una mujer que aborta porque todos sabemos el dolor y el sufrimiento por el que pasa. Me parece que hay que ubicar el tema en que la mujer es una víctima”.
La falta de interés para hacer una acusación así, es por el cambio de mentalidad de la sociedad al paso del tiempo, agrega Renato Sales Heredia, quien en la pasada Administración fuera subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales del Distrito Federal.
“Cuando una norma es inútil no tiene sentido que esté presente en el Código Penal de cualquier entidad, porque, ¿cuál es el objetivo de una norma penal?, pues crear conciencia de que no se debe cometer. Pero si la norma no sirve para nada, entonces, ¿para qué mantenerla?”, refiere quien en su papel de perseguidor de la delincuencia no tuvo conocimiento de la detención de una sola abortista.
Contraria a esta posición, María del Carmen Peralta Vaqueiro, una de las diputadas de la Ciudad de México que estuvo en contra de la reforma para despenalizar el aborto en el DF, opina que es lamentable que antes no se aplicara la Ley y que ahora se permita interrumpir un embarazo no deseado.
“No es un asunto de moral; si una situación está penada, debe sancionarse. No se requiere sólo prohibir el aborto o legalizarlo, sino promover políticas públicas para fortalecer conductas de sexualidad responsable”, indica la integrante del Partido Verde Ecologista de México.
Más allá de los comentarios en favor o en contra, la realidad es que el aborto como un acto penado es letra muerta.
Sin sanciones
La SCJN realiza la revisión del recurso de inconstitucionalidad de la legalización del aborto en la Ciudad de México, para lo cual pidió informes de personas sancionadas por ese delito en cada entidad.
Lo que revelaron las cifras fue que la penalidad no se aplicó en los últimos tres lustros a mujer alguna, ni a otra persona que lo haya cometido de manera intencional.
Según cifras de la Secretaría de Salud del DF, en las cuales se basaron legisladores capitalinos para reformar el Código Penal local, entre 2005 y 2006 se efectuaron unos 28 mil abortos clandestinos, aunque el 70% no estaba penalizado, pero las mujeres no lo sabían; y en vez de ir a un hospital público, iban a una clínica clandestina.
En todas las entidades se legitima la interrupción del embarazo cuando se pone en riesgo la vida de la madre, es producto de una violación o el feto presenta malformaciones.
Pero de haberse encarcelado a las capitalinas que lo hicieron sin alguna de esas tres desagravantes, en tan sólo dos años hubieran sumado 2 mil 920, con las que hubiera bastado para sobrepoblar la cárcel femenil del Distrito Federal, que tiene capacidad para mil 608 presas.
Estimaciones de organizaciones civiles, como Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC), indican que los abortos en el país oscilan entre 850 mil y 2 millones anuales, en los cuales pierden la vida unas mil 500 mujeres.
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), antes de que entrara en vigor la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) cada mes se registraba por lo menos un caso de aborto clandestino, en el que los restos fetales eran encontrados en la vía pública y no había sanciones porque no se sabía quién era el responsable.
Hoy se estima que la incidencia de abortos en clínicas clandestinas disminuyó en la población adulta, no así en adolescentes que no cuenten con el apoyo de sus padres o un adulto que las acompañe a un hospital gubernamental para ser intervenidas, como marca el procedimiento.
Lucía Mícher, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, comenta que a casi un año de entrar en vigor la reforma, las mujeres –en su mayoría- atendidas en los hospitales gubernamentales “vinieron ya con la decisión tomada de interrumpir su embarazo e indicaron que lo iban hacer con Ley o sin ella”.
