La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó su postura, en el sentido de que a los municipios, y no a los gobiernos estatales, es a quien le corresponde manejar el servicio público de policías de tránsito.
El máximo tribunal emitió esta decisión para proteger al municipio de Amecameca y ordenarle al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que le transfiera el manejo de este servicio al ayuntamiento con todo y los recursos económicos que le corresponden.
La Corte se tuvo que pronunciar sobre este tema luego de resolver un juicio de controversia constitucional que presentó el ayuntamiento desde el 2004 en contra del entonces gobernador Arturo Montiel, porque se negó a trasferirle el control del servicio público de tránsito.
El gobierno estatal, explicaron los ministros, no se dio de manera directa, pero en los hechos, así sucedo.
Y el artículo 115 de la Constitución, recordaron, le otorga a los municipios el control de los policías de tránsito.
De acuerdo con el proyecto de sentencia que aprobó la Corte, y que fue elaborado por el ministro Juan Silva Meza, una vez que le notifiquen de su decisión al gobernador Peña Nieto, éste tendrá 90 días para cumplir la orden y materializar la entrega física de todos los recursos relacionados con la prestación de este servicio.
