Un pleito legal entre empresas afecta a los compradores de buena fe del fraccionamiento Cortijo Residencial. Vecinos del Cortijo Residencial se entrevistaron con el notario público número uno, Vicente Guerrero Romero, ayer por la mañana.
Incertidumbre jurídica por presunto embargo de los terrenos
El Siglo de Durango
Pensaron que contaban con un patrimonio y resulta que sus terrenos están embargados. Los vecinos del Fraccionamiento Cortijo Plus Residencial denuncian fraude en la venta de terrenos en el fraccionamiento.
Ayer por la mañana un grupo de vecinos de dicha zona increpó al notario público número uno, Vicente Guerrero Romero, por haberlos engañado al no decir con anticipación la situación legal que privaba en estos terrenos pues el conflicto data desde el 2004.
RAZONES
Las personas inconformes esperaron hasta que llegó el ex presidente del Colegio de Notarios a su oficina para exponerle su molestia.
Según se dio a conocer, la complicación se origina de un proceso legal entre D3bn y Desarrollos Rod, lo cual derivó en un proceso de embargo que ahora afecta a quienes compraron de buena fe.
“El problema está en que esta situación se deriva desde el 2004 y que hasta el 2007 la fraccionadora, que es D3bn de México, SA de CV, se dedicó a seguir vendiendo los lotes sin advertir a los dueños cuál era el estatus jurídico que prevalecía, ya que había una anotación marginal, un aviso preventivo y posteriormente en septiembre del año pasado se llevó a cabo la diligencia de embargo”, dijo Gustavo Mijares, representante legal de algunos de los afectados.
El abogado expuso que hay una incertidumbre jurídica derivada de la actuación irregular del Registro Público de la Propiedad y del notario público Guerrero Romero.
Mostraron escrituras donde se plasma que el bien inmueble que poseen se encuentra libre de todo gravamen y al corriente de todas sus contribuciones pero esto parece no ser verdad.
Son aproximadamente 300 familias las que se han visto afectadas por este proceso legal y cada lote en promedio costó 400 y 500 mil pesos. Se les dio un plazo para pagar de 12 a 38 meses y hay quienes ya llevan un 70 u 80 por ciento de cubrir su adeudo y otras ya saldaron, quienes no han podido escriturar.
DEFENSA
El notario público Vicente Guerrero Romero los atendió en su oficina y les explicó que el embargo se constituyó a finales del 2007. “La demanda que tenían entre las dos personas era relativa al pago de pesos, nunca se están reclamando terrenos o propiedad. No hay embargo porque no hay sentencia del pleito”, planteó.
Las personas arremetieron contra el fedatario al señalarle que sólo les “dio largas” para la escriturización y que aun con el conocimiento de la situación jamás les advirtió pese a la obligación moral que tenía.
“El notario no es policía para andar investigando la verdad o falsedad de las declaraciones que se emiten”, les respondió el actuario visiblemente nervioso.
Martín Soriano Sariñana, uno de los afectados, le manifestó si “no había nada de raro en que 300 personas escrituraran en la Notaría Uno”.
Guerrero Romero descartó que haya irregularidades en su actuar, no obstante que los vecinos le reprocharon una y otra vez su silencio. Posteriormente las personas acudieron al Palacio de Zambrano para pedir una audiencia con Oliverio Reza Cuéllar, secretario general de Gobierno.
