Representantes de todo el país participan en el VIII Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores de Justicia, en el que se analiza la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal. Participa el Procurador General de la Republica Eduardo Medina Mora. (El Universal)
En unos meses se habrá de detener la ola de inseguridad que azota al país, tras el pacto anticrimen que se firmó ayer jueves durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, en la ciudad de México, afirmó hoy el titular de la Procuraduría General de la Republica (PGR), Eduardo Medina Mora.
"En los próximos meses habremos de resolver esto, ya que fue un acuerdo que se tomó en el Consejo Nacional de Seguridad", dijo el funcionario en el VIII Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores de Justicia, que se lleva a cabo en esta ciudad.
Ahora que ya se conocen los compromisos y fechas del llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se deben asumir responsabilidades institucionales a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos, indicó el procurador.
Medina Mora reconoció que en el país se vive una situación critica por el narcotráfico, ya que la corrupción ha generado que "tramos completos de las instituciones" estén al servicio del crimen organizado.
Sin embargo, dijo que con estrategias compartidas se tiene la oportunidad de revertir la situación para acabar con la corrupción y la impunidad.
Este Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procurador de Justicia, que concluye este sábado, se analiza a fondo la reforma constitucional al sistema de justicia penal, como parte de los compromisos suscritos en el Consejo Nacional de Seguridad.
El procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, afirmó que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un instrumento para llevar a México al estado de seguridad y tranquilidad que reclama la población.
Durante la inauguración del VIII Encuentro Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales del país, señaló que se trata del mayor esfuerzo hecho hasta ahora para hacer efectiva la obligación del Estado.
La cual es "garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como una persecución efectiva del delito y la aplicación de castigos justos a quienes ofenden a la sociedad realizando conductas ilícitas".
En este sentido, indicó que dicho acuerdo tiene compromisos claros, metas específicas y tiempos determinados para su cumplimiento, de cada uno de los tres poderes federales, de los titulares del Ejecutivo de los estados y del Distrito Federal.
Así como de los poderes Legislativo y Judicial, de organizaciones ciudadanas, medias de comunicación y asociaciones religiosas.
"Es un acuerdo que nos incluye y compromete a todos, de esta manera los crímenes que conmovieron recientemente a la sociedad son un acicate para abrir una nueva época de colaboración entre autoridades y de participación ciudadana", afirmó.
La sociedad y el Estado mexicano enfrentan una situación crítica por el embate de organizaciones criminales, el lastre de la impunidad y la corrupción, reconoció, así como la aún insuficiente colaboración entre autoridades de todos los poderes y órdenes de gobierno.
Precisó que la lucha frontal emprendida por el Estado mexicano contra el crimen organizado se ha basado en atacar directamente los mecanismos de operación de esas bandas y prueba de ello son las aprehensiones, consignaciones y aseguramiento de droga realizados.
"Lo único que no puede ocurrir es que se pierda la batalla contra el crimen organizado, pues el poder y la fuerza del Estado es indudablemente superior a la de las bandas organizadas y por ello hoy, más que nunca, con el acuerdo la sociedad exige resultados y tendrá instrumentos para evaluar nuestro desempeño".
Exhortó a los tribunales superiores de justicia y a las procuradurías a llevar a buen puerto la reforma constitucional en seguridad y justicia, pues tiene los elementos necesarios para una transformación profunda en estas instituciones.
En este sentido, señaló que debe expedirse una ley específica contra el secuestro y fortalecer las unidades especializadas de combate contra este delito del fuero común que tanto lastima a la sociedad.
Con la reforma constitucional, el acuerdo nacional por la seguridad y una clara estrategia de trabajo, se tiene la oportunidad de revertir la desconfianza ciudadana, la corrupción y la impunidad, y garantizar la seguridad que reclama la población, puntualizó.
