La Agencia Espacial Civil de Ecuador (EXA) advirtió ayer de un debilitamiento en la capa de ozono a la altura de la latitud ecuatorial, lo que supone que la zona, donde se encuentra el país, recibe radiación superior a la tolerable para la salud.
Esa advertencia consta en el “Informe Hiperión”, que divulgó ayer la EXA y que recoge “un estudio de campo” sobre el estado de la capa de ozono en la franja ecuatorial del planeta, apoyado por imágenes de diez satélites e instrumentos de medición climática.
Dicho documento advierte de “la existencia de un gran debilitamiento de la capa de ozono sobre latitudes ecuatoriales” y de que, en consecuencia, el territorio ecuatoriano recibe niveles de radiación ultravioleta (UV) muy superiores al máximo establecido como seguro o tolerable para la salud humana”.
Por ello, la EXA pidió al Gobierno ecuatoriano declarar una “emergencia nacional climática”.
La elaboración del informe se ha logrado gracias a estudios de los científicos ecuatorianos con la colaboración de sistemas y equipos de la Agencia Ambiental Canadiense (ESA), el Instituto Meteorológico de Holanda (KNMI), el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) y dos estaciones climatológicas ubicadas en territorio nacional.
El documento alerta que la radiación detectada en el territorio ecuatoriano supera “los 14 UVI (Índice Ultra Violeta) para Guayaquil y los 24 UVI para Quito”, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han establecido “que el máximo tolerable para la exposición humana es 11 UVI”.
El estudio, efectuado en el último año, asegura que “la potencia de la radiación es tan alta que la capa de nubes normalmente presente en estas regiones no es capaz de atenuarla por debajo de valores tolerables en buena parte de las horas pico del día”.
Pese a que las mediciones han sido hechas en territorio ecuatoriano, el informe revela que “Colombia y Perú también están recibiendo niveles extremos de radiación UV”, por lo que será enviado a los gobiernos de Bogotá y Lima.
