A las cinco personas que presuntamente habían sido defraudadas por una empresa de promociones turísticas les regresaron su dinero y retiraron los cargos, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no prosiguió con la averiguación ya que el delito de fraude se sigue a petición del afectado y no por oficio.
El pasado viernes se registró un movimiento policiaco por parte de la Dirección Estatal de Investigación (DEI) para detener al personal de la empresa Cabo Primero-Alta Mar, por la presunta comisión del delito de fraude, según constaba en cinco denuncias interpuestas por el mismo número de afectados.
Los señalamientos que hicieron los clientes de esta empresa es que les ofrecían la promoción de un viaje y que se los iban a cargar en su tarjeta de crédito en “cómodas mensualidades”, sin embargo, sin consentimiento alguno les hacían el cobro en una sola emisión.
En el momento en que los agentes pretendían detener a los presuntos defraudadores se llevaron la sorpresa de que ya estaban amparados y sólo se les pudo hacer efectiva una orden de comparecencia.
TENÍAN BIEN PLANEADA SU ESTRATEGIA
Al momento en que el Ministerio Público “careó” a ambas partes, los representantes de la empresa mostraron los contratos que los mismos afectados habían firmado, donde “con letritas chiquitas” se especificaba que la empresa podía hacer uso del efectivo en una sola emisión y que el viaje estaba vigente por lo que no había tal fraude.
En los documentos, firmados y autorizados por los clientes, se especificaba que Cabo Primero-Alta Mar se deslindaba de tal situación y que el trato se quedaba entre el particular y el banco.
La Procuraduría no pudo ejercer acción penal en contra de los demandados por que Cabo Primero-Alta Mar regresó su dinero a los presuntos defraudados y éstos se desistieron y ya sin denuncia el delito no se puede perseguir, sin embargo, la dependencia seguirá investigando casos similares para que no se susciten ilícitos.
