El Gobierno del presidente George W. Bush recurrirá a sus facultades para sortear más de 30 leyes y reglamentos a fin de completar antes de que acabe el año unos mil 100 kilómetros de cerca en la frontera entre Estados Unidos y México, dijeron ayer funcionarios federales.
La utilización de dos exenciones legales, autorizadas por el Congreso, permitiría esquivar trabas burocráticas y soslayar leyes ambientales que en este momento le impiden al departamento de Seguridad Interior construir 430 kilómetros de bardas en California, Arizona, Nuevo México y Texas.
El plan fue revelado por funcionarios familiarizados con él y que hablaron bajo condición de anonimato porque no han sido autorizados para comentar el plan públicamente.
La maniobra será la mayor de su tipo que apela a exenciones legales desde que el Gobierno empezó a construir la cerca. Anteriormente, el departamento ha usado esa autoridad especial en dos porciones de la cerca en Arizona y una en San Diego.
“La actividad delictiva en la frontera no espera a los debates interminables o a la litigación lenta”, dijo en una declaración el secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff. “Estas exenciones permitirán que sigan avanzando importantes proyectos de seguridad”, agregó.
Hasta el 17 de marzo, había 500 kilómetros de barda construida, dejando 580 kilómetros para ser completados a fin de año. De éstos, 430 kilómetros están detenidos debido a regulaciones federales, estatales y locales, dijeron los funcionarios.
Una de las exenciones permitirá la construcción de una barrera de 35 kilómetros en el condado de Hidalgo, Texas. La otra permitirá otra de unos 48 kilómetros de cercas y emplazamiento tecnológico en San Diego, el Sur de Arizona y el Río Grande; y 346 kilómetros en California, Arizona y Texas, que enfrentan otros impedimentos debido a procesos administrativos.
Por ejemplo, la construcción en algunas áreas exige evaluaciones y estudios que, en caso de emprenderse, no podrían completarse a tiempo como para concluir la construcción de la cerca este año.
Chertoff ha dicho que el uso de las medidas de excepción sería el último recurso. Sus funcionarios han sostenido más de un centenar de reuniones con legisladores, grupos ambientalistas y residentes en un intento de allanar obstáculos.