De 2003 a 2007 se produjeron 76 motines en los penales del país con la participación de tres mil 796 presos. (El Universal)
Advierten especialistas que las fugas de reos revelan la corrupción por parte de las autoridades penitenciarias.
Cada año, en promedio, se fugan 100 reos de los distintos presidios del país, lo que deja de manifiesto la ineficacia, corrupción por parte de las autoridades penitenciarias, así como el autogobierno por parte de los internos, opinan especialistas.
De acuerdo con la respuesta a un reporte obtenido a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Secretaría de Seguridad Pública contabiliza que 496 presos se escaparon de 2003 a 2007, cifra que podría ser aún mayor si se contrasta con los informes periodísticos de cada evento.
Sin embargo, los escapes de los internos no es el único problema que observa el sistema penitenciario nacional; en este mismo documento se reporta el homicidio de 207 internos en el interior de las cárceles, así como 157 casos de suicidio, con lo que resulta que 364 personas, sin contar aquellos que se registraron como muertes naturales, perdieron la vida tras las rejas en cinco años.
Andrés Calero Aguilar, tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró en entrevista que la violencia que rige en los presidios del país es multifactorial; sin embargo, destacó que la problemática se debe, en buena medida, a la sobrepoblación existente en dichos centros, lo que además da paso al autogobierno por parte de los internos: “El talón de Aquiles de los centros penitenciarios es la sobrepoblación; no hay recursos suficientes para alimentar a todos los internos ni personal suficiente para la custodia o tratamiento técnico. Esto genera que ciertos internos, con mayor poderío, comiencen a tomar control, por ejemplo, de la alimentación, y de ahí es el camino para otro Gobierno”.
Según las propias estadísticas de la SSP, las cárceles de 22 estados de la República Mexicana mantienen algún nivel de sobrepoblación, la cual, ya en promedio, a nivel nacional es de 31.2%. Aunque hay entidades, como el DF, que albergan a 16.4% de la población penitenciaria del país, en donde la sobrepoblación alcanza 94.4%.
Algunos de los centros penitenciarios con mayor grado de sobrepoblación son el Centro Preventivo y de Readaptación Social (CPRS) de Chalco, diseñado para albergar a 548 internos, pero en el que en realidad habitan mil 906 (sobrepoblación de 248%). O el Reclusorio Norte del DF, preparado para cuatro mil 506 presidiarios, en el que cohabitan casi 11 mil (sobrepoblación de 143.2%).
Motines, señal de alerta
De 2003 a 2007 se produjeron 76 motines en los penales del país con la participación de tres mil 796 presos, así como 913 riñas con tres mil 204 involucrados.
Sin embargo, la inexistencia de motines no siempre es buena señal, ya que en ocasiones llega a ser indicador de que quienes gobiernan el centro son los mismos presos, señala Calero Aguilar: “Y muchas veces que no haya motines no siempre es una buena señal, ¿quién crees que controla el reclusorio? Pero no es una regla”.
Una vez ya en conatos de violencia dentro de los presidios, el personal a cargo de la seguridad se ve rebasado numéricamente por los internos, “un custodio por cada 15 y hasta 70 reos”, señala.
Otra de las razones principales por las cuales se dan los motines es el traslado de presos, como sucedió en la cárcel pública de Cancún, cuando las autoridades penitenciarias pretendían llevar a 56 internos al penal de Chetumal. El enfrentamiento tuvo como resultado cuatro muertos, 20 heridos y alrededor de un centenar de fugas del penal.
La readaptación es utópica
Para Olga Noriega Sánchez, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la readaptación bajo estas condiciones es “una utopía”. “El sistema penitenciario se encuentra totalmente rebasado”, advierte.
Al igual que Calero Aguilar, Noriega coincide en que la sobrepoblación es “alarmante” y provoca “angustia en la psique de los presos, que se ve agudizada por la falta de ocupación”.
Para revertir la actual tendencia, la especialista sugiere que se instaure la figura de “juez de ejecución de sanciones”, el cual estaría encargado de vigilar la legalidad y respeto de los derechos de los internos en las sentencias y traslados, uno de los principales motivos de los motines en las cárceles.
A este respecto, señala Calero Aguilar, se suma el hecho de que “no hay una separación entre procesados y sentenciados; ni por índice de peligrosidad, lo que genera un caldo de cultivo”.
Según Noriega, 80% de los presidiarios se encuentran ahí por delitos menores a cinco mil pesos, por lo que sugiere que en vez de encerrarlos, se les ayude a resarcir el daño.
Con todo, la CNDH, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2007, registra una ligera mejoría en los centros de readaptación social del país, que alcanzaron a aprobar con 6.22 de calificación, mientras que en 2006 apenas llegaban a 5.92.
