EL UNIVERSAL
SAN JOSÉ, Costa Rica.- En un intenso intercambio de ataques en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y su sistema de partidos políticos recibieron ayer un severo cuestionamiento del ex canciller Jorge Castañeda y de sus representantes legales por impedir que candidatos independientes puedan competir en los diversos procesos electorales de México.
Castañeda relató a la CIDH que la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de 2004, ratificada en 2005 por la Suprema Corte de Justicia de México, de cerrarle la opción de inscribirse como candidato presidencial para los comicios de 2006, por no ser postulado por un partido político, “me causó un gran daño moral y material a mi proyecto de vida”.
Ese proyecto, añadió, era “ser candidato independiente a la Presidencia”, pero con el rechazo, hubo “gran descontento” y seguidores “desilusionados”. El ex canciller narró que sufrió “daño moral” y “escarnio generalizado”, con “amigos que daban la espalda”, por las resoluciones del IFE y la Suprema Corte.
“El daño moral fue mucho mayor que el material”, puntualizó, al explicar, en una comparecencia de unos 50 minutos, que incurrió en gastos económicos. “El Estado es el protector de la ‘partidocracia’ en México”, dijo luego Castañeda.
En una audiencia pública de unas cuatro horas en la CIDH, una escuadra de delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -que en 2007 elevó el caso Castañeda a la Corte- también fustigó al Estado mexicano y pidió que sea condenado por vulnerar y violar los derechos del ex canciller. La sentencia será dictada probablemente en las sesiones de la CIDH en abril y mayo próximos.
La Comisión recalcó que al rechazar en 2004 y 2005 que Castañeda se registrara, al margen de partidos políticos, como candidato presidencial independiente, el Estado cometió “flagrante violación” de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La defensa del Estado -con 16 emisarios de las instancias jurídicas de la Presidencia, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación y el IFE- refutó los cargos y alegó que México tiene mecanismos legales, sencillos y eficaces para proteger los derechos de sus ciudadanos. El Estado solicitó a la CIDH que declare que México “no incurrió en violación alguna” a la Convención, a la que se integró en 1981.
