El Senado chileno aprobó hoy un documento en el que determinó enviar su "más enérgica protesta" al Gobierno de Estados Unidos por su decisión de continuar la construcción de un muro en su frontera con México, informaron hoy fuentes parlamentarias.
En la iniciativa, los legisladores solicitan a la presidenta, Michele Bachelet, que haga llegar la molestia del Senado chileno al Gobierno estadounidense por la medida adoptada.
El documento fue aprobado por 13 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.
La Comisión de Relaciones Exteriores del propio Senado, en su análisis previo dejó constancia, sin embargo, de que sería poco conveniente abordar un asunto de carácter bilateral, en atención al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
El documento califica la determinación del Gobierno de EE.UU. como "una ofensa para la humanidad" y pide que se suspendan las obras de construcción de dicho muro pues implican "un agravio para todos los latinoamericanos".
Agregan que el muro en la frontera entre los dos países afecta principalmente a personas de origen latino, lo que "solo puede entenderse como una medida racista, que vulnera diversos convenios y tratados suscritos en materia de Derechos Humanos por la comunidad Internacional".
EE.UU. inició en 1994 la construcción de un muro en su frontera con México, en el marco de la denominada "Operación Guardián", destinada a regular la migración a ese país.
En tanto, también este miércoles los diputados chilenos aprobaron una iniciativa que ratifica la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, que había sido rechazada por la misma cámara el pasado noviembre.
La Convención dispone que los Estados deberán adoptar las medidas necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la desaparición forzada de personas e imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad.
Tras la votación, el ministro secretario general de la presidencia, José Antonio Viera Gallo, valoró ampliamente el resultado a nombre del Gobierno y destacó que "por fin después de tanto tiempo, tenemos un instrumento internacional aprobado por la Cámara de Diputados para adherir a la convención que sanciona la desaparición forzosa de personas de las Naciones Unidas".
"Esta es una buena noticia porque va en favor de la vida y las personas; las resguardan y protegen respecto de situaciones que puedan ocurrir, tanto en momentos de anomalía institucional, como pasó en América Latina en la década de los 70 y 80, como a veces incluso en democracia", precisó.
La iniciativa ratificada por los diputados obliga a los países a cooperar entre sí y prestar auxilio para asistir a las víctimas, así como en la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas.
En caso de fallecimiento, dicha colaboración se relacionará con la exhumación e identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos.
