Por daño al erario por 1.5 mdp y el faltante de 504 juegos de placas de transporte público.
Denuncian penalmente al Recaudador de Rentas y a la auxiliar administrativa del municipio de Hidalgo, ante la afectación al erario con más de un millón 500 mil pesos y el faltante de 504 juegos de placas de transporte particular, ello como resultado de la resolución emitida por la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa (Secomad), quien además determinó la destitución e inhabilitación por cinco años y sanción económica.
La resolución emitida contra los servidores Manuel García Arámbula y María Natividad Aguirre Gutiérrez, recaudador y auxiliar administrativa del municipio de Hidalgo, respectivamente, es producto de una intensa investigación realizada por la Secomad, y fundamentada en la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado y los Municipios, por la infracción al artículo 47 de la citada ley.
Observaciones.
La determinación del proceso administrativo obedece al resultado de cuatro revisiones administrativas aplicadas en ese municipio, no habiendo resultados que justificaran el faltante de más de un millón 500 mil pesos, cifra que se incrementó a más de 3.7 millones de pesos, según lo que establece la ley; contemplándose dentro de la sanción un faltante de 504 juegos de placas de transporte particular, de las cuales no fue reportado ni comprobado el ingreso económico por el pago de éstas.
Ahora este caso queda en manos de las autoridades judiciales para que se proceda con base en lo que establece la ley, luego de que se aportan elementos para que se actúe en el ámbito de su competencia.
Castigos.
Cabe recordar que la resolución emitida por la Secomad se sustenta ante la infracción que se hizo al artículo 47 y 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual se estableció para Manuel García Arámbula, quien fuera recaudador de Rentas, la inhabilitación por cinco años, además de recibir una sanción económica ante la falta de elementos en la comprobación y destino de recursos económicos del erario, sumándose ahora la denuncia penal que tendrá que enfrentar.
Asimismo, en igual contexto se encuentra María Natividad Aguirre Gutiérrez, auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Hidalgo, quien enfrenta un procedimiento de destitución del puesto e inhabilitación por cinco años y sanción económica y hoy la denuncia penal.
Transparencia.
Con estas acciones de no permitir arbitrariedades en el quehacer gubernamental, es claro que la resolución emitida –según la Secomad- es una muestra más de que en la presente administración gubernamental no hay lugar a la impunidad y no se solapan actos deshonestos; antes que nada –añade- debe imperar la transparencia, legalidad y honestidad como política de acción en todos y cada uno de las personas que sirven a la sociedad a través un espacio público.
